A 250 años de la independencia de Estados Unidos, Puerto Rico sigue debatiendo su lugar en la nación 

Durante la Guerra de Independencia, la entonces colonia española de Puerto Rico formó parte del apoyo logístico y financiero que la Corona española brindó a las 13 colonias en su lucha contra Gran Bretaña. Desde San Juan salieron recursos económicos, suministros y apoyo militar como parte de la estrategia española para debilitar al Imperio británico en el Caribe y Norteamérica. Ese respaldo, junto con las campañas militares encabezadas por Bernardo de Gálvez desde Luisiana, convirtió a España en uno de los principales aliados internacionales de la independencia estadounidense.

Como parte de la conmemoración del aniversario, la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico y la organización The Legacy tuvieron una exposición sobre ese episodio histórico.

Una misma historia, distintas lecturas

La conmemoración también ha reavivado distintas interpretaciones sobre el significado que tiene hoy la Declaración de Independencia para Puerto Rico.

En una columna publicada esta semana en Metro Puerto Rico, el abogado José Rodríguez Suárez sostuvo que el documento fundacional estadounidense representa una promesa de igualdad y derechos que también alcanza a los puertorriqueños por su condición de ciudadanos estadounidenses.

Al recordar el discurso del reverendo Martin Luther King Jr. frente al Monumento a Lincoln en 1963, Rodríguez Suárez señaló que la Declaración de Independencia constituye un “pagaré” cuyos beneficios también corresponden a Puerto Rico.

“Siendo ciudadanos americanos, aquí también somos herederos de ese pagaré que podemos presentar al cobro en nuestra aspiración a que Puerto Rico sea admitido como estado de la Unión”, escribió.

Sin embargo, para otros estudiosos, el aniversario también obliga a preguntarse hasta qué punto esos principios se han aplicado plenamente, tanto dentro de Estados Unidos como en sus territorios.

El historiador y profesor universitario Néstor Duprey Salgado sostuvo que el actual presidente republicano, Donald Trump, ha sido objeto de fuertes críticas por acciones que, a juicio de diversos sectores, contradicen principios fundamentales del sistema político estadounidense.

“El trumpismo es la negación de la intención original de los fundadores porque, para empezar, ha tratado de destruir todas las instituciones que fueron fundamentos de ese Estado político… la separación de poderes, el mecanismo de pesos y contrapesos, el proceso electoral. Es bien difícil conciliar el trumpismo con esa intención original de los fundadores de lo que hoy conocemos como Estados Unidos”, expresó.

Por su parte, la historiadora y escritora Sylvia Álvarez Curbelo afirmó que la historia estadounidense ha estado marcada por una tensión constante entre sus ideales y su aplicación práctica.

“Estados Unidos tiene muchas aspiraciones; pero en su operación, muchas exclusiones. Con el tiempo, esas exclusiones se han ido subsanando, pero no del todo. Todavía tenemos grandes desigualdades de todo tipo y, aunque la Constitución y las leyes de derechos electorales aseguran derechos a los afrodescendientes, por ejemplo, en la realidad, sabemos que ahora mismo se están coartando derechos”, sostuvo Álvarez Curbelo.

Durante su segundo mandato, la administración Trump ha impulsado iniciativas para restringir la ciudadanía por nacimiento mediante orden ejecutiva, endurecer la política migratoria y ampliar las deportaciones, además de respaldar medidas estatales relacionadas con el aborto y otros asuntos de derechos civiles, iniciativas que han generado impugnaciones judiciales.

Esta semana el Tribunal Supremo reafirmó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución al invalidar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía restringir ese derecho.

En Puerto Rico, donde los residentes poseen la ciudadanía estadounidense desde 1917, tampoco existe igualdad plena de derechos políticos con quienes viven en los estados. Los puertorriqueños no votan por el presidente, carecen de representación con voto en el Congreso y el comisionado residente solo participa con voz, pero no con voto, en el pleno de la Cámara de Representantes.

“Lo que hemos visto con el gobierno actual ha sido una relación de desatención hacia Puerto Rico, y eso ya lo vimos desde el primer término de Trump. Lo que ocurrió con su visita tras el huracán María reflejó un trato despectivo en muchos sentidos”, afirmó Álvarez Curbelo.

El papel de Puerto Rico

Para Duprey Salgado, el papel de la isla dentro de la relación con la metrópoli ha cambiado radicalmente. “La gran diferencia entre aquel Estados Unidos y el de hoy es el papel que Puerto Rico juega en el tablero de intereses geopolíticos”, afirmó.

Añadió que persisten prejuicios dentro de sectores de la clase política estadounidense y que, a su juicio, muchas decisiones sobre Puerto Rico continúan respondiendo principalmente a intereses estratégicos de Washington.

Álvarez Curbelo, por su parte, señaló que el debate sobre el futuro político de Puerto Rico continúa condicionado por profundas divisiones internas.

“En Puerto Rico, hay mucha división, mucha fragmentación de ideas sobre lo que queremos y lo que no queremos”, expresó.

La historiadora explicó que, de convertirse en estado, Puerto Rico tendría representación plena en el Congreso, con dos senadores y con representantes en la Cámara federal. A su juicio, la percepción de que esos escaños favorecerían mayoritariamente al Partido Demócrata ha influido en la discusión política en Washington D. C.

“No creo que haya ambiente en el Congreso ni en la presidencia para impulsar un proyecto de estadidad para Puerto Rico. No va a ser tan fácil”, opinó.

Diez años de PROMESA

El aniversario también coincide con otra fecha significativa en la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal: una década de la aprobación de la Ley PROMESA.

Para Duprey Salgado, la legislación, aprobada en 2016, representa uno de los ejemplos más claros del alcance del poder del Congreso sobre Puerto Rico.

“Hoy, somos más colonia de lo que éramos en 2016 y más que el 25 de julio de 1952”, afirmó.

El historiador sostuvo que la ley no ha cumplido los objetivos para los que fue creada, ya que la Junta de Supervisión Fiscal permanece en funciones y, a su juicio, el país todavía no cuenta con una estrategia sostenida de desarrollo económico.

“El colapso en Puerto Rico ha llevado a que el gobierno federal vaya asumiendo más responsabilidades en la práctica, en el día a día, y eso es cónsono con el interés ideológico de esta administración y con su interés en adelantar la causa estadista”, señaló.

Más allá de las diferencias sobre el futuro político de Puerto Rico, Álvarez Curbelo entiende que el aniversario debe servir para examinar si los documentos fundacionales continúan respondiendo a las necesidades del presente.