Sandra Torres demanda a fiscales del FEI por presuntas violaciones a sus derechos civiles tras ser absuelta 

La acción judicial fue presentada al amparo de la Sección 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles y sostiene que el caso criminal, que se extendió por aproximadamente cinco años y culminó con la absolución de Torres López, estuvo plagado de actuaciones negligentes y violaciones al debido proceso.

Se alega en la demanda que los fiscales presuntamente omitieron investigar evidencia exculpatoria, permitieron el uso de testimonio que la demandante describe como falso o inconsistente y mantuvieron la acusación pese a contar con información que, a juicio de Torres López, desacreditaba al principal testigo del caso.

Uno de los principales señalamientos del recurso es que el FEI concedió inmunidad y utilizó como testigo principal a Exel Joel López, aun cuando, según la demanda, existían informes de la Oficina de Ética Gubernamental que concluían que había ofrecido información falsa bajo juramento y recomendaban investigarlo por perjurio. Torres López sostiene que esos documentos estaban disponibles para los fiscales antes de que se radicaran los cargos criminales.

La demanda también alega que los fiscales ignoraron documentación que, según la exfuncionaria, demostraba que ella se encontraba fuera de Puerto Rico el día en que supuestamente ocurrieron algunos de los hechos denunciados por el testigo principal. Además, sostiene que durante el juicio se permitió la presentación de declaraciones falsas de otros testigos sin que la Fiscalía actuara para corregirlas.

Torres López afirma igualmente que el proceso judicial sufrió múltiples dilaciones atribuibles a la Fiscalía, lo que prolongó el caso durante varios años y le ocasionó daños emocionales, profesionales y económicos. También sostiene que, durante conversaciones para un posible acuerdo, se le propuso declararse culpable y aceptar una multa administrativa, así como retirar una querella ética relacionada con los mismos hechos, propuesta que rechazó.

Como remedio, la exfuncionaria solicita más de $7 millones por daños compensatorios, más de $3 millones en daños punitivos, al menos $500,000 por pérdida de ingresos, además del pago de honorarios de abogados y otros daños relacionados con la alegada afectación a su reputación y la privación de sus derechos civiles.

Torres López es representada en este pleito por el abogado Peter John Porrata. Hasta el momento, los demandados no habían presentado su contestación a la demanda.