Buscan agilizar disputas en condominios mientras DACO enfrenta sobrecarga de querellas 

La información surgió en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes presidida por el representante Víctor L. Parés Otero como parte de la discusión del Proyecto de la Cámara 1010 que, entre otras cosas, propone disminuir a 60 días el tiempo máximo que tiene DACO para resolver una controversia en los condominios a partir de la fecha de radicación de la solicitud.

Asimismo, propone crear un Proceso Adjudicativo Expedito Alterno (PACE) para atender controversias bajo el régimen de propiedad horizontal, particularmente en condominios y alivianar la sobrecarga de la agencia al utilizar mecanismos alternos como el Tribunal de Primera Instancia.

El licenciado Gabriel Sicardó Ocasio del DACO estuvo en contra de la medida al plantear que, debido a la reducción del personal en la agencia, 60 días no son suficientes para resolver una querella radicada por los residentes de los condominios.

“Con el procedimiento alterno que propone el proyecto se nos haría imposible porque 60 días casi nos da para notificar la querella y es por la falta de recursos. Si tuviésemos todos los recursos, pues, podíamos notificar. Hace cinco años éramos 600 empleados aproximadamente al día de hoy somos apenas 150 para todo Puerto Rico. Nosotros buscamos que en 180 días podamos resolver, pero yo tengo una querella que todavía no he podido resolver de 2020″, explicó Sicardó Ocasio quien también es uno de los tres jueces administrativos de DACO que atienden a tiempo completo estos casos.

Del mismo modo, señaló que, en lo que va de año, se han recibido 240 querellas relacionadas a asuntos sobre peticiones de documentos que la gerencia o la junta de directivos del condominio se niega a entregar, problemas sobre filtraciones en los apartamentos e impugnaciones de reglamentos.

Marco Rosado, presidente de la Alianza de Condominios de Puerto Rico, sostuvo que muchas de estas querellas que actualmente llegan al DACO podrían resolverse en una etapa temprana mediante un comité de conciliación con facultades y procedimientos claramente definidos. Según explicó, este mecanismo permitiría atender y resolver controversias entre titulares antes de que escalen a investigaciones administrativas o litigios en los tribunales, por lo que vio el proyecto loable con esta enmienda.

“Antes, nadie tenía certeza de hasta donde llegaban los poderes y las determinaciones del comité de conciliación. Para montones de casos, incluyendo muchos casos sencillos, se creaban querellas en el DACO sin haber obtenido una certificación del comité conciliación. En muchos casos porque las personas lo ignoraban y otros casos donde el comité estaba inoperante o no se habían formado”, indicó Rosado.

“No es necesariamente que se dejó el comité, sino que no estaba funcionando correctamente, pero de una manera bien armada y definida, sería buena herramienta para resolver controversias, sobretodo las sencillas”, añadió.

Por otra parte, el oficial de reglamentación y legislación de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso de Puerto Rico, Wilson Cruz Chocano,estuvo a favor de una “jurisdicción concurrente”, sobretodo entre DACO y los tribunales “para que el titular pueda escoger dónde radicar la querella y sea más eficiente la utilización de recursos”.

La propuesta surge como una alternativa para aliviar la carga de casos que enfrenta el DACO. Sin embargo, los deponentes rechazaron trasladar las controversias a los tribunales al señalar que una reducción en el número de querellas no necesariamente se traduciría en la resolución de los conflictos, sino que podría desalentar a algunos ciudadanos a presentar sus reclamos.

Los tres deponentes coincidieron en que la falta de capacitación sobre el régimen de propiedad horizontal entre titulares y residentes de condominios contribuye al alto volumen de querellas radicadas ante el DACO, ya que la capacitación disponible mediante talleres y seminarios es completamente voluntaria.

“El derecho propietario no es absoluto, tienen que compartir con otros vecinos, y los titulares, si no se educan sobre el régimen de propiedad horizontal, van a pretender defender los derechos de manera frívola”, reconoció Sicardó Ocasio.

Rosado, por su parte, indicó que la inclusión del gobierno en campañas que promuevan la orientación de los residentes podría servir de facilitador para los directivos, quienes, en ocasiones, han negado documentos a los titulares porque piensan que son confidenciales o exclusivos de la administración.

“Tengo mis mociones divididas si esto debe ser un tema obligatorio o no, pero si, definitivamente debería ser algo promovido activamente con los recursos y los mecanismos del gobierno, que podría ser el DACO o cualquier otra agencia”, señaló.

Ante esto, el representante de DACO dijo no tener reparos en certificar talleres para que los titulares participen periódicamente de una educación continua.