Alertan sobre medidas legislativas que amenazan derechos LGBTQ+ 

La entidad denunció que, desde enero de 2025, se han radicado al menos ocho medidas que atentan contra derechos de las comunidades LGBTQ+, de los cuales tres se han convertido en ley y otros cinco proyectos que siguen activos.

A través de un comunicado de prensa, la organización explicó que, del total de ocho medidas, las tres que se han convertido en ley son el Proyecto del Senado 350 (Ley 63-2025), el Proyecto del Senado 1 (Ley 14-2025) y el Proyecto de la Cámara 165 (Ley 26-2026).

En el caso de la Ley 63-2025, el ente aseguró que criminaliza a profesionales de la salud y a madres, padres y encargados al intentar prohibir tratamientos médicos de afirmación de género para personas menores de 21 años, creando dos categorías distintas de hijas e hijos según su identidad de género.

Sobre la Ley 14-2025, advirtió que, aunque la libertad religiosa es un derecho fundamental, su aplicación amplia e ilimitada puede utilizarse como subterfugio para negar servicios, acceso a la justicia y otros derechos civiles.

Asimismo, la ACLU de Puerto Rico se opuso a la Ley 26-2026, firmada por la gobernadora el 25 de febrero, que impone restricciones discriminatorias en espacios públicos y prohíbe la instalación de baños inclusivos, mixtos o neutros en agencias, dependencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.

De acuerdo con la ACLU, estas medidas “representan amenazas concretas a derechos fundamentales, abren la puerta al discrimen y afectan de manera particular a las comunidades LGBTQ+ y a otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas”.

“El hecho de que estas medidas se hayan convertido en ley, no significa que no estemos vigilantes ante sus aplicaciones o que personas afectadas no puedan reclamar sus derechos. Continuamos atentos a los diversos escenarios en los que la ejecución de estas leyes opera o puede operar de manera discriminatoria contra personas LGBTQ+”, anotó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico.

A nivel federal, la ACLU de Puerto Rico compareció en abril como amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, para defender el derecho de las personas no binarias a obtener certificados de nacimiento que reflejen con precisión su identidad de género, en el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón.

En esta controversia, el gobierno de Puerto Rico busca revertir la determinación del Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico que concluyó que la política actual del Estado Libre Asociado viola el derecho a la igual protección de las leyes al impedir que las personas no binarias obtengan una marca de género “X” en sus certificados de nacimiento.

“Desde la ACLU de Puerto Rico, continuaremos defendiendo y abogando por los derechos de las personas LGBTQ+, y particularmente las personas trans, contra quienes existe una persecución que pretende avanzar tanto desde las administraciones actuales del gobierno federal y el estatal en Puerto Rico, acciones que incluso ponen en riesgo la vida de personas”, manifestó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.