La rehabilitación necesita vivienda: ofrecerán apartamentos a confinados para apoyar su reinserción comunitaria 

Como parte del acuerdo, el Departamento de la Vivienda pondrá a disposición el Proyecto de Apartamentos Para Personas Solas (APS) Antonio Márquez Arbona, ubicado en el barrio Hato Abajo de Arecibo. El complejo cuenta con 32 unidades de vivienda distribuidas en dos edificios de hormigón, además de facilidades complementarias como gazebo, oficinas y lavandería.

“El acceso a una vivienda segura y estable puede representar un punto de transformación en la vida de una persona y en su proceso de integración a la sociedad. Este acuerdo interagencial nos permite utilizar recursos e infraestructura pública para impulsar oportunidades reales de estabilidad y apoyo comunitario a participantes que buscan continuar su desarrollo fuera del sistema correccional”, expresó Martínez Román.

El funcionario sostuvo además que la iniciativa forma parte de los esfuerzos dirigidos a atender necesidades sociales de forma coordinada y responsable, mediante el uso de recursos públicos que promuevan la estabilidad de poblaciones vulnerables.

Por su parte, Quiñones Rivera destacó que la rehabilitación no concluye cuando una persona sale de una institución correccional, sino que requiere apoyo continuo y oportunidades concretas para lograr una integración exitosa a la comunidad.

“La rehabilitación requiere continuidad, apoyo y oportunidades concretas que permitan a las personas reconstruir sus vidas con dignidad y estabilidad. Contar con alternativas de vivienda representa un componente esencial dentro de los procesos de transición hacia la libre comunidad, ya que brinda estructura, seguridad y un entorno que favorece el desarrollo personal y la integración comunitaria”, expresó el secretario.

Según explicó, el acuerdo refleja el compromiso de ambas agencias de reducir barreras que puedan dificultar el éxito de los procesos de rehabilitación y ampliar las oportunidades disponibles para quienes buscan reintegrarse productivamente a la sociedad.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 y forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer los programas de reinserción comunitaria mediante acceso a vivienda, uno de los factores que especialistas consideran clave para promover estabilidad, reducir la reincidencia y facilitar la reconstrucción de proyectos de vida fuera del sistema correccional.