LUMA acude de emergencia a Boston para evitar que pleito sobre su contrato regrese a tribunales de Puerto Rico 

La empresa presentó ayer miércoles dos mociones de emergencia en las que solicita una paralización pendiente apelación (“stay pending appeal”), así como una paralización administrativa inmediata o, en la alternativa, un calendario acelerado para que el tribunal apelativo atienda el asunto antes del 22 de junio.

La gestión surge luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain denegara el pasado 1º de junio la solicitud de LUMA para mantener suspendida la devolución de los casos al foro estatal. No obstante, la magistrada extendió hasta el 22 de junio la paralización temporal del remand para permitir que la empresa acudiera al Primer Circuito.

En los documentos radicados, LUMA argumenta que la controversia tiene implicaciones extraordinarias para el sistema eléctrico de Puerto Rico y advierte que las demandas presentadas por el gobierno podrían provocar la terminación abrupta del acuerdo mediante el cual opera la red eléctrica de la isla.

“La apuesta es extraordinaria”, sostiene la empresa en su recurso, donde argumenta que una determinación favorable al gobierno invalidaría la extensión contractual aprobada en noviembre de 2022 y podría dejar sin efecto el acuerdo operacional sin que exista un operador privado alterno para asumir la responsabilidad del sistema.

LUMA también planteó que, de no concederse la paralización, el Tribunal Supremo de Puerto Rico podría atender rápidamente la controversia sobre la validez del contrato antes de que el Primer Circuito tenga oportunidad de resolver la apelación federal. Según la empresa, ello podría convertir el recurso apelativo en académico antes de completarse el proceso de revisión.

La empresa sostiene además que el caso plantea asuntos jurídicos novedosos sobre el alcance de las disposiciones de PROMESA relacionadas con el poder regulatorio del gobierno y sobre la jurisdicción de los tribunales federales para atender controversias vinculadas al proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Las demandas fueron presentadas originalmente por la gobernadora Jenniffer González Colón, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la AEE. El gobierno alega que la extensión contractual aprobada en noviembre de 2022 incumplió disposiciones de la Ley 120 de 2018, la Ley 29 de 2009 y el Código Civil de Puerto Rico, por lo que solicita que se declare inválida.

Según LUMA, dichas impugnaciones fueron radicadas más de tres años después de haberse firmado la extensión contractual y tras un cambio de administración gubernamental.

La controversia se encuentra actualmente suspendida hasta el 22 de junio, fecha en la que, de no mediar una nueva orden judicial, los casos regresarían a los tribunales de Puerto Rico para continuar su trámite.

“El pueblo de Puerto Rico puede sentirse confiado en que agotaremos todos los remedios disponibles. Mientras el proceso legal continúa, continuaremos enfocados en brindar un servicio seguro y confiable a todos nuestros clientes”, expresaron en un comunicado de prensa.