ASSMCA pide cautela con bajar la mayoría de edad a 18 años 

La Comisión, presidida por el senador por acumulación Ángel Toledo López, celebró esta tarde la segunda parte de una vista pública que inició en horas de la mañana para discutir el Proyecto del Senado 1245.

En su ponencia, la doctora Sydnia Rosado Torres, en representación de ASSMCA, advirtió que esta modificación legislativa amerita “especial cautela” debido a que muchos de los participantes que reciben servicios de la agencia dependen totalmente de cuidadores, presentan limitaciones funcionales y requieren supervisión continua.

De acogerse las recomendaciones presentadas por la Administración, ASSMCA respaldaría la medida.

“Desde la perspectiva de salud mental, tratamiento conductual y protección de poblaciones vulnerables, es imperativo reconocer que la mayoría de edad cronológica no equivale necesariamente a la capacidad funcional plena en todos los escenarios clínicos”, señaló Rosado Torres en su ponencia.

“La política pública del Gobierno de Puerto Rico debe procurar un balance adecuado entre autonomía individual, protección clínica y continuidad de servicios, particularmente en el caso de jóvenes con condiciones mentales, emocionales o conductuales que requieren apoyo especializado más allá de los 18 años”, añadió.

Entre sus recomendaciones, ASSMCA solicitó incluir disposiciones que garanticen la continuidad de los servicios para poblaciones vulnerables, armonizar la medida con la legislación vigente en materia de salud mental y establecer protocolos de transición para jóvenes de entre 18 y 21 años que reciben tratamiento por condiciones de salud mental o trastornos por uso de sustancias.

Al mismo tiempo, la Administración reconoció que la medida persigue promover una mayor coherencia entre los derechos civiles y las responsabilidades de las personas adultas. No obstante, recomendó “examinar rigurosamente” los efectos de la propuesta sobre poblaciones vulnerables, particularmente jóvenes con trastornos de salud mental, trastornos por uso de sustancias, impedimentos significativos, historial de trauma o dependencia funcional.

El proyecto, entre otras cosas, incluye enmiendas a leyes especiales como la Carta de Derechos del Niño para redefinir como menor de edad a toda persona menor de 18 años. También propone cambios a legislación relacionada con la tutela de adultos y programas dirigidos a personas con impedimentos significativos.

Por su parte, la doctora Ángeles J. Acosta, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), expresó oposición al proyecto al entender que no toma en consideración los procesos de desarrollo neurológico, la regulación emocional y la toma de decisiones complejas que, a su juicio, continúan desarrollándose más allá de los 18 años.

“La capacidad para votar, trabajar o responder por actos no implica que una persona tenga la madurez cognitiva y social necesaria para asumir plenamente las responsabilidades asociadas a la adultez”, sostuvo Acosta. “La psicología reconoce la adultez emergente, una etapa que abarca entre los 18 y 25 años, y se caracteriza por la exploración de identidad, inestabilidad económica, dependencia parcial de la familia y una progresiva adquisición de autonomía”.

Según la psicóloga, la medida ignora evidencia científica sobre el desarrollo humano y tampoco considera adecuadamente la realidad social y económica de Puerto Rico al compararla con otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Por ello, recomendó que el proyecto no sea aprobado en su forma actual y que, en su lugar, se evalúen mecanismos específicos para ampliar determinados derechos y responsabilidades a los 18 años sin eliminar las protecciones generales asociadas a la mayoría de edad.

Toledo López, por su parte, discrepó de la postura de la APPR y citó publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) que, según indicó, reconocen la capacidad jurídica de personas mayores de 18 años para tomar decisiones trascendentales relacionadas con su vida y sus derechos.

Durante el intercambio, Acosta recomendó al equipo de trabajo del senador consultar estudios científicos y neurológicos más recientes para sustentar la medida. Mientras el proyecto se apoya en datos de 2009, la psicóloga presentó referencias más recientes correspondientes a 2014.

La Comisión solicitó a ASSMCA estadísticas sobre jóvenes menores de 21 años que reciben servicios de la agencia, el posible impacto que tendría la aprobación de la medida sobre esa población y los mecanismos existentes para proteger sus derechos. De igual forma, requirió a la APPR la presentación de estudios adicionales y ejemplos concretos que sustenten sus planteamientos.