Junta de Supervisión Fiscal rechaza presupuesto de Carreteras y exige correcciones 

En una carta enviada el domingo a la gobernadora Jenniffer González Colón, la JSF otorgó hasta el próximo 8 de junio para que la ACT someta una versión revisada del presupuesto que atienda una serie de señalamientos relacionados con ingresos, gastos operacionales, nómina y proyectos de infraestructura.

Según la Junta, la propuesta presupuestaria contiene supuestos de ingresos y gastos que no están suficientemente respaldados por documentación o análisis que permitan validar las proyecciones presentadas. Además, advirtió que la ACT continúa dependiendo de fuentes de financiamiento no recurrentes para sostener operaciones y proyectos de capital.

Uno de los principales señalamientos está relacionado con el uso de fondos provenientes del excedente de las alianzas público-privadas, conocido como “P3 Surplus”. La JSF indicó que el presupuesto propone utilizar cerca de $54.9 millones de esos fondos, una cifra que supera por aproximadamente $36.6 millones las proyecciones contempladas en el plan fiscal vigente.

“La información sometida no demuestra que los gastos propuestos estén priorizados, sean ejecutables durante el año fiscal 2027 o consistentes con los objetivos de sostenibilidad fiscal a largo plazo”, sostuvo la Junta.

El organismo también cuestionó la inclusión de $8 millones en ingresos por remanentes operacionales (“rollovers”) sin documentación suficiente que explique por qué esos fondos no fueron utilizados en años fiscales anteriores.

Asimismo, la JSF identificó cerca de $68.5 millones en fondos para proyectos de capital financiados por el gobierno estatal y acuerdos interagenciales para los que, según indicó, no se presentaron detalles suficientes sobre proyectos específicos, cronogramas de ejecución ni justificaciones para balances arrastrados de años anteriores.

En el área de gastos, la Junta objetó aumentos de aproximadamente $3.9 millones en nómina y beneficios marginales, incluyendo salarios, planes médicos y costos de retiro. También cuestionó cerca de $4 millones adicionales en gastos operacionales y más de $80 millones en proyectos de construcción y mejoras de capital no financiados con fondos federales.

La JSF sostuvo que la ACT ha mostrado históricamente dificultades para ejecutar la totalidad de los fondos presupuestados para proyectos de infraestructura, por lo que considera que las cifras propuestas exceden la capacidad real de ejecución de la agencia.

La carta constituye una notificación formal de violación bajo la Sección 202 de la ley PROMESA, mecanismo que permite a la Junta exigir correcciones cuando determina que un presupuesto no es consistente con el plan fiscal certificado.

Además de las correcciones presupuestarias, la Junta reiteró que la versión revisada deberá estar acompañada por una resolución de la Junta de Gobierno de la ACT autorizando formalmente el presupuesto sometido.