Asimismo, se rechazó la cifra de $19.1 millones que ha sido utilizada por sectores que favorecen una suspensión temporera del arbitrio. Según la información divulgada, una moratoria de 45 días tendría un costo cercano a los $30 millones.
Como parte de los argumentos presentados, también se recordó que la Junta de Supervisión y Administración Financiera indicó en una comunicación emitida en noviembre de 2023 que los recaudos generados por estos arbitrios sobre la gasolina y el diésel representan una parte significativa de los recursos que utiliza el gobierno para sufragar servicios públicos.
El planteamiento surge en momentos en que permanece pendiente en la Legislatura una medida que propone suspender temporalmente la segunda crudita como mecanismo para aliviar el impacto del precio de los combustibles sobre los consumidores.
La segunda crudita fue establecida en 2015 como parte de las medidas dirigidas a atender la situación fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Actualmente, los consumidores continúan pagando ese arbitrio sobre la gasolina y el diésel.
De acuerdo con los datos divulgados, Puerto Rico consume en promedio unos 70 millones de galones de gasolina al mes. La mayoría del combustible que llega a la Isla proviene del mercado West Texas Intermediate (WTI), cuyo precio ha registrado descensos recientes.
La mayoría legislativa insistió en que cualquier propuesta para suspender o eliminar la segunda crudita debe estar acompañada de una fuente de ingresos que permita sustituir los recaudos que dejarían de ingresar al gobierno.
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