Cámara aprueba cambios a Ley de Salud Mental para ampliar acceso a servicios y fortalecer derechos de pacientes 

A través del Proyecto de la Cámara 1007, de la autoría del representante, quien preside la Comisión de Salud, la legislación aborda telesalud, ciberterapia, atención perinatal y seguimiento comunitario para ampliar acceso a servicios de salud mental.

“Esta medida responde a la necesidad de transformar el sistema de salud mental en uno más integrado, moderno y basado en evidencia científica, que fortalezca la protección de los derechos civiles de los pacientes y facilite el acceso a servicios mediante herramientas tecnológicas como la telemedicina y la telesalud”, expresó Rodríguez Aguiló.

El legislador ha reiterado que la medida legislativa tomó más de un año de trabajo en el que se incluyó a distintos sectores y profesionales de la salud, como el Frente Amplio de Acción Social (FAAS), coordinado por la psicóloga Alice Pérez Fernández.

Entre los cambios principales, se reconoce al Departamento de Salud como la agencia rectora y reguladora del sistema, con autoridad para integrar de forma articulada la salud física, la salud mental y los trastornos por uso de sustancias.

También incorpora un enfoque de reducción de riesgos y daños como parte de los niveles de cuidado relacionados al uso de sustancias controladas y añade un componente prioritario de salud mental perinatal dirigido a madres y padres desde el embarazo hasta el primer año después del parto, incluyendo el cernimiento sistemático de condiciones como la depresión posparto.

Integra formalmente herramientas de telemedicina, telesalud y ciberterapia para ampliar el acceso a evaluaciones, terapias, seguimiento clínico y manejo de crisis a distancia, particularmente en comunidades con limitaciones de acceso a especialistas y servicios presenciales.

Pérez Fernández, de FAAS, reaccionó que, en la sesión, Rodríguez Aguiló mencionó que las decisiones clínicas recaen en el plan médico, cuando debe ser el médico. “Hemos levantado bandera de que en este país se le ha dado el beneplácito a aseguradoras. Tiene que haber alguien que supervise que el plan médico dé tratamiento que corresponde y que no sea una barrera”, planteó.

También incorpora referencias actualizadas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) y elimina modelos diagnósticos en desuso. Crea incluso una escala estructurada para medir el nivel de deterioro funcional del paciente y determinar con mayor precisión la intensidad de los servicios requeridos.

“La medida no tiene impacto fiscal para la Policía de Puerto Rico, no altera las definiciones de los profesionales de la salud y tampoco excluye a ningún profesional que actualmente ofrece servicios a los pacientes dentro del sistema”, añadió Rodríguez Aguiló.

La legislación, de igual forma, endurece los controles relacionados con medidas restrictivas y protocolos de seguridad. Entre los cambios, reduce de 12 a 4 horas el tiempo máximo de aislamiento permitido para adultos, elimina renovaciones automáticas y requiere evaluaciones presenciales inmediatas.

Asimismo, dispone la realización de sesiones posteriores de orientación con el paciente luego de un evento de restricción. La propuesta amplía las protecciones relacionadas con la confidencialidad y los derechos de los pacientes; establece plazos específicos para visitas de seguimiento luego de hospitalizaciones; prioriza el manejo comunitario intensivo de pacientes con enfermedades mentales severas, y añade disposiciones para coordinar apoyo psicológico inmediato durante emergencias y desastres naturales.

En el área de trastornos por uso de sustancias, la medida adopta el modelo de criterios de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción (ASAM, en inglés) para determinar niveles de cuidado y fomenta tratamientos asistidos con medicamentos como buprenorfina y metadona.

El proyecto aprobado continuará ahora su trámite legislativo en el Senado. La coordinadora de FAAS dijo que espera que esa rama legislativa sea “más abierto a la discusión”.