Justicia evalúa referido sobre la Oficina de Gerencia de Permisos 

“El pasado 19 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia recibió una comunicación del entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, en la cual solicita una investigación sobre el trámite de evaluación de propuestas por parte del secretario auxiliar de la OGPe en aquel momento, Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal, Charlene Neuman Rivera”, dijo la fiscal en declaraciones escritas.

“Por tratarse de funcionarios públicos en gestiones oficiales al momento de los alegados hechos, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, refirió el asunto a la DIPAC para el correspondiente análisis”, añadió.

Actualmente, la DIPAC realiza la evaluación preliminar conforme a las disposiciones de la Ley 2 de 1988 – Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Bajo este estatuto, el Departamento cuenta con un término de 15 días laborables para notificar formalmente al PFEI, el cual vence el próximo 10 de junio de 2026.

La controversia se remonta a mediados de mayo, cuando el entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, anunció la destitución del secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la suspensión sumaria de este y de la jefa de personal Charlene Newman, tras una investigación interna relacionada con alegadas presiones indebidas, represalias contra empleados denunciantes e intentos de intervenir en un proceso competitivo para un contrato de publicidad financiado con entre $1 millón y $2 millones en fondos federales.

La pesquisa dio paso a referidos al Departamento de Justicia, Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor. Sin embargo, días después, Negrón presentó su renuncia denunciando intervenciones desde La Fortaleza en áreas que —según sostuvo— correspondían legalmente al secretario del DDEC, incluyendo la reversión de las suspensiones emitidas como parte de la investigación. La crisis provocó además la salida de múltiples funcionarios de confianza dentro de la agencia y abrió un nuevo frente de controversia sobre autonomía, permisos y manejo político dentro del gobierno.