La demanda, presentada el lunes en el Día de la Recordación, fue radicada por violación de derechos civiles y daños y perjuicios. El recurso legal fue sometido en representación de la madre del veterano, Nilda Margarita Díaz Huertas, y de su hermana, Carmen Jarmín Maldonado Díaz. También figura como representante legal de la familia la licenciada Wanda Valentín Custodio.
Entre los demandados aparecen el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, y el sargento Julio C. Nieves Rosado, tanto en sus capacidades oficiales como personales.
“En los hechos de este caso, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza mortal contra una persona que estaba atravesando por una crisis, producto de su condición emocional como veterano de guerra”, expresó el director legal de la ACLU en Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas.
Según el relato incluido en la demanda, los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2025 en la barriada Nueva de Utuado. La familia sostiene que los agentes ya conocían que se trataba de una intervención relacionada con una crisis emocional y que incluso recomendaron gestionar una orden de ingreso involuntario bajo la Ley 408.
De acuerdo con la versión presentada en el recurso, Carmen Maldonado recibió a los policías en el primer nivel de la residencia y los condujo hasta el segundo piso, donde se encontraba Daniel en la cocina.
La demanda sostiene que cuando Daniel caminó hacia la puerta, el sargento Nieves Rosado le disparó en el pecho con su arma de reglamento desde una distancia aproximada de 18 pies.
La familia asegura que Daniel no estaba armado ni opuso resistencia. También alegan que los agentes no intentaron dialogar con él antes de utilizar fuerza letal. Aunque la Policía sostuvo que el veterano tenía un cuchillo, tanto la madre como la hermana afirmaron no haber visto un arma en la escena.
“Mi hijo no necesitaba un disparo. Mi hijo solo necesitaba la ayuda que la Policía le negó cuando le arrebató la vida en lugar de intervenir de la manera correcta”, expresó la madre del veterano en declaraciones incluidas en el comunicado.
La demanda sostiene que las actuaciones de los agentes violentaron derechos protegidos bajo la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos y la Ley federal de Derechos Civiles. Además de reclamar daños compensatorios y punitivos, el recurso solicita que el tribunal ordene al Gobierno de Puerto Rico y a la Policía cumplir con las órdenes generales de la Reforma de la Policía y crear grupos interdisciplinarios especializados en atender crisis emocionales.
La licenciada Valentín Custodio indicó que “el uso ilegal, abusivo e irrazonable de fuerza mortal contra Daniel Maldonado Díaz, quien atravesaba una crisis emocional como veterano de guerra, es incompatible con las protecciones constitucionales a la vida, la dignidad, la integridad física, el debido proceso y la protección contra actuaciones irrazonables de la policía”.
El comunicado también señala que, según la organización Kilómetro 0, desde 2025 se han documentado al menos seis muertes vinculadas al uso de fuerza policial durante intervenciones relacionadas con crisis emocionales.
Asimismo, la ACLU mantiene desde 2020 otra demanda relacionada con la muerte de Anthony Maldonado Avilés en Jayuya durante un episodio de angustia emocional.
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