Durante el podcast Con los editores , el expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelatti y el abogado ambiental Patricio Martínez Lorenzo analizaron el proyecto de ley sometido por Fortaleza que crearía el Código de Planificación y Permisos, una medida que busca reformar el actual marco regulatorio.
“El sistema actual no funciona y la propuesta que se está discutiendo no les va a arreglar la vida a ninguno de los comerciantes”, sostuvo García Pelatti, al argumentar que el problema principal no es únicamente legislativo, sino operacional y gerencial. Según este, persisten fallas en la digitalización, falta de personal en agencias clave y procesos burocráticos que continúan prácticamente iguales a los de hace décadas.
Martínez Lorenzo coincidió en que el sistema es “totalmente ineficiente”, pero defendió que la legislación propuesta podría servir como punto de partida para modernizar el proceso si se acompaña de reglamentación adecuada y recursos económicos suficientes.
“La legislación identifica cuáles son algunos de los elementos importantes para atender para resolver ese problema y da dirección”, expresó el abogado durante la conversación.
Uno de los conceptos centrales del debate fue la necesidad de que el sistema sea “previsible”, es decir, que ciudadanos y desarrolladores puedan anticipar con claridad qué proyectos son viables y cuánto tiempo tomará obtener los permisos correspondientes.
Ambos expertos coincidieron en que el mayor volumen de solicitudes corresponde a pequeños y medianos comerciantes, precisamente el sector que, indicaron, más dificultades enfrenta para navegar el proceso actual.
García Pelatti planteó que muchas de las trabas no responden necesariamente a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), sino a dependencias externas, como el Cuerpo de Bomberos, Salud Ambiental o incluso corporaciones públicas como LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
A su juicio, el retraso, en ocasiones, ocurre porque esas agencias carecen del personal suficiente para emitir endosos.
“Faltan 400 bomberos”, señaló el planificador, al explicar que incluso proyectos simples pueden permanecer detenidos por meses debido a la falta de inspectores o autorizaciones técnicas.
Por su parte, Martínez Lorenzo insistió en que muchos permisos ministeriales —aquellos que cumplen claramente con la zonificación y reglamentos existentes— deberían poder obtenerse en cuestión de días.
“Deberías poder conseguir el permiso de construcción para esa casa sentado en tu computadora”, afirmó, al defender un sistema más automatizado y eficiente.
Plan de Uso de Terrenos
La conversación también abordó el debate sobre el Plan de Uso de Terrenos y el grado de centralización del sistema de planificación en Puerto Rico.
Mientras García Pelatti defendió la necesidad de planificación territorial y zonificación para proteger la salud, seguridad y bienestar público, Martínez Lorenzo cuestionó la existencia de un plan de uso de terrenos a escala nacional, al considerar que añade complejidad innecesaria sobre los sistemas de zonificación ya existentes. “Para para mí, terminó siendo algo muy restrictivo y carente de vinculación con la realidad. Además, que yo no creo en el concepto. Primero, Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones que tiene planes de uso de terrenos que llaman “island wide”, que cubra toda la isla. Es un instrumento minoritario…un instrumento que, por su mera naturaleza, impone restricciones en el inmueble adicional a las que ya tienes en el sistema que había en Puerto Rico, que era el de la calificación”, cuestionó.
El expresidente de la Junta de Planificación argumentó que toda jurisdicción necesita algún mecanismo para regular los usos del suelo y evitar conflictos entre actividades incompatibles.
“Si tú no tienes planificación, cada uno haría en su propiedad lo que quisiera”, sostuvo García Pelatti, al comparar la situación con la necesidad de separar zonas residenciales de usos industriales o comerciales intensivos.
Al cierre del diálogo, ambos expertos coincidieron en que cualquier reforma requerirá no solo legislación, sino inversión en tecnología, capacitación y personal especializado. Sin embargo, mantuvieron diferencias sobre el alcance real del proyecto legislativo actualmente en discusión.
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