Continúa el choque de posturas sobre medida que propone cambiar la reforma legislativa 

Para el exfiscal y licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, el proyecto debe ser apoyado “tal y cual está redactado”.

“La propuesta legislativa lo que busca es devolverle al Tribunal Supremo como cuerpo colegiado aquellas facultades que nunca debieron recaer exclusivamente sobre la figura del juez presidente”, explicó Sánchez Rodríguez.

Por lo tanto, defendió la idea de “coadministración” entre el pleno del Tribunal Supremo y el juez presidente. Además, defendió que los jueces municipales se transformen en jueces de primera instancia sin eliminar las salas municipales.

“No estamos hablando de quitarle funciones administrativas al juez presidente, sino de reconocer que la administración de la Rama Judicial debe responder al pleno del Tribunal Supremo”, añadió como parte de su ponencia Sánchez Rodríguez.

Otras posturas con enmiendas o en contra

El catedrático de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Alex López Pérez, por el contrario, manifestó estar en contra del proyecto, específicamente en términos del principio de “coadministración” al este proponer eliminar la administración de la Rama Judicial por el juez presidente y desarticular propiamente la figura constitucional del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Además, indicó que, el esquema que propone “sería impensable e impráctico en las ramas políticas no constituye un mero cambio administrativo”.

“[El proyecto] altera uno de los pilares estructurales del diseño constitucional de la Rama Judicial puertorriqueña y trastoca el delicado balance de separación de poderes que nuestra Constitución cuidadosamente estableció”, dijo López Pérez.

Por otro lado, el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia, Fernando Moreno Orama, advirtió que “habrán complicaciones” debido a que, a su juicio, el Supremo ya tarda en reglamentar asuntos importantes y añadirle más funciones administrativas empeoraría el problema por lo que, se opone al proyecto en su versión actual, aunque reconoce que la Ley de la Judicatura necesita cambios.

Su ponencia se enfocó específicamente en que el proyecto crearía “microgerencia” y el sistema judicial se volvería “lento”.

“Yo me opongo al principio de coadministración porque crea un modelo de microgerencia judicial que no responde al diseño constitucional puertorriqueño [...] Convertir cada decisión administrativa en una discusión colegiada entre nueve jueces me parece profundamente impráctico”, señaló Moreno Orama.

La discusión sobre los nueve jueces surge porque el proyecto, entre otras cosas, también propone que más decisiones administrativas del Poder Judicial pasen al pleno del Supremo, compuesto por nueve jueces asociados y no solamente el juez presidente.

Carlos G. Salgado Schwarz, juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, por su lado, estuvo a favor del proyecto pero con enmiendas “indispensables”.

“Este proyecto guarda silencio sobre la pregunta más urgente que tienen los jueces municipales de Puerto Rico en este momento ‘¿Qué pasará con nosotros?’ El proyecto dice que los jueces municipales en funciones continuarán ejerciendo hasta que el Tribunal Supremo adopte reglamentación, pero no dice si esa continuidad significa una conversión automática al rango de juez superior o simplemente la conversión de sus labores a fungir como jueces superiores, pero en nombre se quedan como jueces municipales", expuso en su turno de exposición Salgado Schwarz.

Como parte de las enmiendas, recomendó, entre otras cosas, la conversión automática de jueces municipales a superiores, protección de términos, garantía en el presupuesto y un plazo de transición de 90 días.

Dijo, además, que el proyecto, tal como redactado, presenta ambigüedad. Bajo el sistema vigente, el ascenso de juez municipal a superior requiere un nuevo nombramiento del gobernador con consejo y consentimiento del Senado.

“Si el proyecto pretende mantener este esquema, debe decirlo. Si pretende que la conversión sea automática, también debe disponerlo, expresamente sin ambigüedad. Esta ambigüedad no es un defecto menor, es una fuente de inseguridad jurídica para decenas de jueces”, añadió.

Asimismo, sugirió igualdad salarial entre los jueces. Según explicó, un juez superior del Tribunal de Primera Instancia devenga un sueldo de $126,875 dólares anuales. Mientras, un juez municipal del mismo Tribunal devenga $107,844, representando una diferencia de $19,031 dólares al año.

“Si el proyecto nos convierte a todos en jueces superiores, pero mantiene esa brecha salarial, estará creando una clase de segunda. Jueces que cargan el mismo título, ejercen las mismas funciones, pero cobran menos”, señaló el también presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico.

El jurista Luis Zambrana González, señaló, por su parte, que el modelo de administración judicial planteado en el proyecto “requeriría de una análisis que va más allá de vistas públicas, y debería requerir enmienda constitucional” por lo que expresó su oposición al entender que la medida transforma de manera profunda la estructura constitucional del Poder Judicial.

¿Qué propone el Proyecto del Senado 1096?

El Proyecto del Senado 1096 propone una reorganización amplia del Poder Judicial mediante la creación de una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, que sustituiría la actual Ley de la Judicatura de 2003.

La medida plantea cambios estructurales en la administración de los tribunales, entre ellos la eliminación de la categoría de juez municipal, para que todos pasen a ser jueces superiores, y la formalización de un modelo de coadministración entre el Tribunal Supremo y su Juez Presidente.

Además, crea un Patronato del Poder Judicial con la facultad de recibir donativos y administrar fondos destinados a la conservación y funcionamiento del sistema judicial, así como un fideicomiso adscrito a esta entidad.

El proyecto también incluye enmiendas a leyes relacionadas, como el Código de Rentas Internas, para establecer incentivos contributivos por donativos al Patronato, la Ley Notarial y disposiciones sobre el Negociado de Traducciones.