Medida para restringir voto de confinados enfrenta oposición de defensores de derechos civiles 

Mientras los autores de la medida sostienen que buscan proteger el proceso electoral y promover la rehabilitación, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico rechazó la propuesta al catalogarla como una medida excluyente que “violenta el principio de la dignidad del ser humano” y que, lejos de rehabilitar, desconecta aún más a esta población de la sociedad y de los procesos democráticos.

El director ejecutivo de la Comisión, Ever Padilla Ruiz defendió contundentemente el derecho al voto de los confinados y explicó que la votación dentro de las cárceles es una manera de rehabilitación.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1278 de la autoría de la representante por acumulación por el partido Proyecto Dignidad (PD), Lisie J. Burgos Muñiz. Según la medida, los confinados por delitos graves con penas de 10 años o más, no podrán emitir su voto.

“No podemos concurrir con eso (la medida) porque no se justifica esa prohibición ni por proteger a la sociedad, ni por la protección de las personas privadas de libertad ni por la seguridad de las instituciones. No se justifica, y eso resulta incompatible con incluso los procesos de confinamiento”, explicó Padilla Ruiz en entrevista con Metro Puerto Rico.

“No podemos olvidar que las personas que están privadas de libertad son sujetos de derecho y que el que una persona esté en una cárcel expidiendo una sentencia no quiere decir que va a perder sus derechos civiles”, añadió.

Para Padilla Ruiz, el ejercicio al voto, sobretodo para las personas privadas de su libertad, es una manera de rehabilitación “porque las mantiene relacionadas con lo que pasa en la comunidad y con lo que pasa en el gobierno, particularmente a tomar decisiones sobre quienes están tomando decisiones por ellos”.

Del mismo modo, explicó que la medida, firmada también por el representante Ensol Rodríguez Torres no responde a esa rehabilitación.

“Nosotros no podríamos pensar que los autores de la medida vuelven a tratar a las personas privadas de libertad como si fuera un descartado social, porque entonces no creen en el principio de la rehabilitación y tenemos que mirar cuál es el perfil de la población privada de libertad”, expresó el director de la Comisión de Derechos Civiles.

Entre los argumentos a favor de la medida, el excandidato a la gobernación por el PD, César Vázquez Muñiz indicó que, desde las cárceles ejercen una votación “a ciegas” debido a que, según expresó, los confinados “no tienen acceso a la información diaria ni cuáles son los conflictos que Puerto Rico vive”.

Sobre esto, el director ejecutivo del CDC rechazó el planteamiento al decir que las personas privadas de libertad tienen interacciones a través de distintos foros porque, precisamente, todo lo que ocurre en el exterior impacta de forma directa a las personas encarceladas.

“Ellos tienen familia, reciben visitas, hacen llamadas telefónicas, van a los tribunales, comparecen a las citas médicas, y están allí dentro, se comunican, ven noticias, escuchan la radio... hemos sido testigos de cientos de conversaciones en la radio, incluso entrevistas de televisión, y decir que están a ciegas como si estuvieran enajenados de la realidad que vive el país me parece que es una enajenación”, sostuvo el director.

Otro de los argumentos establecidos corresponde a que sectores políticos utilicen el voto de confinados como instrumento electoral mediante promesas o beneficios dirigidos específicamente a esta población durante ciclos eleccionarios. No obstante, Padilla Ruiz refutó la premisa al conectar el problema con fallas estructurales del gobierno, no con el confinado.

“Aquí lo que hay es un problema de cómo el Estado articula el proceso de elección y cómo se hace campaña al interior de las cárceles [...] Si las alegaciones fuesen ciertas, la culpa no es del confinado, la culpa es del sistema, y la respuesta no debe ser quitarle (derechos) a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad”, señaló.

No es la primera vez, históricamente, que medidas similares se han detenido porque no consiguen votos suficientes en la Asamblea Legislativa, por lo que ninguna ha logrado convertirse en Ley. Por esto, exhortó a los autores de la medida a “mirar la literatura que hay sobre el tema, las implicaciones y los modelos de rehabilitación que han tenido éxito en el mundo”.

Además, Padilla Ruiz sostuvo que organizaciones como El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), clínicas de asistencia legal y escuelas de derecho tradicionalmente rechazan este tipo de medidas porque entienden que violan la participación democrática, afectan el proceso de rehabilitación y no son compatibles con la evolución de derechos civiles y humanos.

“Yo esperaría que nuestra Asamblea Legislativa haga un análisis de conciencia y de derecho porque me parece que no adelanta en nada (la medida) mejorar las condiciones del sistema”, expresó Padilla Ruiz.

Asimismo, el portavoz de la ACLU de Puerto Rico, David Cordero Mercado, señaló que, desde la organización, “harán un análisis apropiado de la medida” y “defendemos ese derecho al voto par todas las personas, incluida la población privada de su libertad”.

“Instamos a una discusión abierta del proyecto que incluya vistas públicas. Es importante subrayar que el derecho al voto es una protección constitucional fundamental y piedra angular de un sistema democrático”, añadió.

El PC1278 fue radicado el jueves, 14 de mayo y referido a la Comisión de Gobierno el pasado lunes.