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Sectores ambientales rechazan el PC25 y alegan no considera definiciones científicas de la ZMT 

19 May 2026
This content originally appeared on Metro Puerto Rico.

 

El proyecto, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, busca atemperar la definición de la zona marítimo terrestre, estableciendo como criterio principal el nivel medio de pleamar mayor basado en datos de largo plazo, en lugar de referencias más amplias como eventos extremos. Las líderes ambientales denunciaron que se trata de una medida que reduce el dominio público de la zona.

Entre las deponentes, compareció la doctora Maritza Barreto Orta, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico,quien no apoyó la pieza legislativa al mencionar que la definición propuesta en el proyecto “no protege adecuadamente las costas, la infraestructura, los recursos naturales ni la seguridad de las comunidades costeras ante el cambio climático y la erosión costera”. Añadió, que la medida utiliza criterios limitados y desactualizados para delimitar la zona marítimo-terrestre (ZMT).

Entre sus principales argumentos, la deponente indicó que la propuesta subestima el alcance real de la ZMT tierra adentro, particularmente en playas arenosas; y se critica el uso exclusivo del criterio de marea astronómica y recomienda considerar indicadores como la línea de vegetación, escarpes erosivos y zonas de sobre lavado para definir correctamente la ZMT.

De igual forma, Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU PR) recomendó evaluar todas las leyes aplicables a la ZMT y realizar estudios a largo plazo. Además, se opuso a la medida al indicar que beneficia al sector privado sobre el interés publico y ambiental.

“El proyecto debilita la protección de la costa, facilita reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente bajo dominio público y no toma en cuenta el cambio climático ni el aumento del nivel del mar”, expuso Escudero Rodríguez.

“Extender el alcance del dominio particular a tierra adentro de la zona marítimo terrestre, restándole así espacio al dominio público, no es compatible con nuestro principio constitucional de la más eficaz conservación, desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sino que directamente lo coarta”, añadió la abogada.

La presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, por su parte, dijo que “estamos escuchando a todos los expertos que se están uniendo a hacer una mejor ley para lo que es la permisología porque tenemos un problema de permisos y es una realidad, pero también yo creo que el tema más hablado en ese proyecto de permisos ha sido la zona marítimo-terrestre, vista pública por vista pública, ese ha sido el tema fundamental, porque yo no concibo que un inversionista quiera construir en un sitio que se le va a ir después y que el gobierno de los permisos”, explicó Jimenez Santoni.

Asimismo, preguntó a los deponentes cuál es la dificultad actual para establecer la definición de la ZMT. Barreto Orta sostuvo que “la forma en que está ahora es muy abierta” y no queda claro cuándo la marea es sensible o no.

Por su parte, la senadora María de Louredes Santiago Negrón, preguntó cuáles serían las consecuencias que puede tener una barrera fija que divida los bienes de dominio público. Barreto respondió que “las costas son dinámicas y lo que se llama una línea, no es eso y es una franja que se mueve”. Escudero, en su turno, respondió que “en la ACLU lo que decimos es que éste es un asunto técnico y cambiante y hay que escuchar a los expertos porque es un tema que afectará generaciones”.

También, se expresó en contra de la medida, Francisco Félix en representación de Puerto Rico Sea Grant Program de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, la licenciada Maritere Padilla de la Hispanic Federation, quien también dijo no favorecer la pieza legislativa e igualmente, y presentó su oposición al proyecto, además, la capellán ecológica Yaisha Vargas Pérez.

La vista pública fue convocada por la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico en el edificio Luis A. Ferré en San Juan.