Junta Fiscal se une a LUMA y pide frenar devolución del caso a tribunales de Puerto Rico 

La Junta argumentó que la apelación presenta asuntos “únicos” y “de primera impresión” relacionados con el alcance de la excepción de poderes regulatorios bajo PROMESA, y advirtió que negar la paralización podría causar “daño irreparable” a LUMA.

Además, sostuvo que el interés público favorece conceder el remedio solicitado por la empresa debido al posible impacto operacional sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Según la JSF, si prosperan las demandas presentadas por el gobierno de Puerto Rico, se podría “desmantelar” el marco legal, fiscal y operacional que rige actualmente el sistema eléctrico y terminar la operación privada de la red “sin ningún reemplazo cualificado aparente”.

El escrito añade que un escenario de esa naturaleza podría generar “caos” en Puerto Rico y entrar en conflicto con el plan fiscal certificado de la AEE y con legislación local que dispone la operación privada del sistema eléctrico.

PRB 17-04780 6159 - Motion Submitting Status Report of the Financial Oversight A by Metro Puerto Rico

La Junta también afirmó que “LUMA es la única opción actual para la operación privada de la red eléctrica”.

Las demandas presentadas por la gobernadora Jenniffer González Colón, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la AEE alegan que la extensión contractual aprobada en 2022 incumplió disposiciones legales relacionadas con las alianzas público-privadas y la transformación energética. Como remedio, buscan invalidar la extensión del acuerdo suplementario de LUMA.

El pasado 8 de mayo, Swain concluyó que las controversias debían regresar al foro estatal porque responden al ejercicio de facultades regulatorias del gobierno de Puerto Rico, aunque reconoció que el tribunal federal tenía jurisdicción bajo PROMESA.

Tras esa determinación, LUMA presentó su intención de ir en apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito y solicitó detener la devolución del caso mientras se atiende un recurso apelativo.

En el documento radicado este lunes, la Junta también argumentó que el gobierno esperó más de tres años para impugnar judicialmente la extensión contractual aprobada en 2022, por lo que cuestionó cualquier alegación de urgencia para acelerar el litigio en los tribunales estatales.