Países Bajos busca elevar a 21 años la edad mínima para ejercer la prostitución 

Actualmente, la regulación depende en gran medida de los municipios neerlandeses y en muchas ciudades la edad mínima sigue siendo de 18 años, aunque Ámsterdam ya la elevó a 21 años en 2013 con una ordenanza municipal.

Además de la subida de la edad mínima, el Gobierno analiza las posibilidades jurídicas de implantar lo que llama “proxenetismo prohibido”, con el objetivo de perseguir a quienes obtienen beneficios del trabajo sexual ilegal.

Según Van Weel, la intención es actuar contra los “facilitadores malintencionados” que se aprovechan de “trabajadoras sexuales vulnerables”, muchas de ellas en situación irregular en Países Bajos.

El Ejecutivo presentará también al Parlamento el Proyecto de Ley de Supervisión Municipal de Empresas Sexuales (Wgts), que permitirá a los municipios procesar datos de trabajadoras sexuales para supervisar el cumplimiento de las licencias y reforzar la inspección.

La iniciativa para elevar la edad mínima lleva años en debate político en Países Bajos y, ya en 2009, la derecha radical PVV presentó un proyecto de ley con ese objetivo, argumentando que los llamados “loverboys” reclutaban a menores para empujarlas a la prostitución tras cumplir 18 años.

La Policía neerlandesa define a un “loverboy” como “un hombre mayor que engaña a una niña convirtiéndose en su novio para acabar obligándola a prostituirse” para él.

Un año después, el Gobierno neerlandés respaldó la idea al considerar que las personas de 21 años están en mejores condiciones para tomar una decisión “más reflexionada” sobre trabajar en el sector sexual y manejar situaciones difíciles con clientes.

En 2019, el Gobierno del liberal Mark Rutte intentó vincular el aumento de la edad mínima a un sistema obligatorio de registro de trabajadores sexuales, quienes debían declarar oficialmente que tenían al menos 21 años.

Sin embargo, el proyecto encontró una fuerte oposición, especialmente por preocupaciones sobre la privacidad de las trabajadoras sexuales, y finalmente fue rechazado por el Senado neerlandés, que pidió buscar otra vía legal para regular el aumento de la edad mínima.

El Gobierno actual pretende ahora retomar esa reforma y buscar formas de reforzar la protección jurídica y social de quienes trabajan en el sector sexual.

“Con estas medidas, el Gobierno pretende actuar en diferentes ámbitos para garantizar un sector del trabajo sexual más seguro. Son medidas dirigidas y eficaces que pueden marcar una diferencia real”, señaló Justicia.