Continúa vista de interdicto para detener bloqueos en los portones del RUM 

Las partes citadas fueron la Universidad de Puerto Rico (UPR), representada por su presidenta Zayira Jordán Conde; el RUM, representado por su rector interino Miguel Muñoz Muñoz y el Consejo General de Estudiantes (CGE) junto con su presidenta Tainary Delgado Pérez, individuos y organizaciones vinculadas.

En la visita, la Administración Central de la UPR intentó plantear que tanto el Consejo del RUM como su presidenta Tainary Delgado Pérez son los responsables de que los portones de la Universidad se mantengan cerrados, según informó esta tarde Telemundo Puerto Rico.

El tribunal, por su parte, sostuvo que, aunque el derecho a la libre expresión y a la protesta está protegido, este no puede utilizarse para impedir que otros estudiantes reciban clases o accedan a los servicios universitarios. El juez a cargo del caso, Tomás Báez Collado, ordenó que se reabrieran los portones.

Jordán Conde, a la salida de la sala, señaló que el Tribunal “reafirmó que es ilegal bloquear los portones y privar a miles de estudiantes de su derecho a continuar sus estudios y culminar su semestre académico. La Universidad de Puerto Rico tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y garantizar la continuidad de las operaciones universitarias”.

La defensa de la presidenta del CGE se mantuvo en que ella no tiene la autoridad para ordenar a la comunidad universitaria que reabran los portones.

Asimismo, Telemundo confirmó que Delgado Pérez y el resto del CGE no han estado participando de las manifestaciones.

Ha trascendido que las manifestaciones y las paralizaciones han sido organizadas por movimientos estudiantiles de lucha en los distintos recintos, no por sus Consejos.

El rector interino del RUM, además, responsabilizó al Consejo —en la vista pautada para las 2:30 de la tarde— de las asambleas, paros y por consiguiente de que los portones permanezcan cerrados al día de hoy. Sin embargo, reconoció que el Consejo y su presidenta no tienen ninguna facultad para ordenar nada al resto de la comunidad universitaria, ni a los estudiantes.

La determinación judicial responde a una demanda presentada por la UPR junto a Muñoz Muñoz, en la que alegaron daños inmediatos e irreparables a las operaciones académicas y administrativas debido a las manifestaciones.

Según la orden, los demandados deberán “cesar y desistir” de bloquear portones y remover cualquier objeto o vehículo que obstaculice la entrada al campus. Asimismo, se les prohíbe realizar cualquier acción que limite el libre acceso a las instalaciones universitarias.

Distintos colectivos y movimientos universitarios, levantaron su solidaridad con los estudiantes de Mayagüez, como el movimiento estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) al indicar que “lo que está ocurriendo no es solo un ataque contra un recinto: es un intento de intimidar, silenciar y debilitar la organización estudiantil en toda la UPR”.