El documento, firmado por Sebastián Carazo Forastieri —gerente general de Allied Fleet Services— sostiene que las investigaciones, multas y negativas de renovación de licencias contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental comenzaron luego de una ruptura sentimental entre Carazo y Natalia Castiel, descrita en la declaración como amiga cercana de Zequeira.
Según la declaración jurada, antes de la ruptura ambas empresas operaban con sus licencias renovadas y sin multas confiscatorias impuestas por la OCIF. Sin embargo, Carazo alegó que posteriormente comenzaron auditorías, investigaciones y sanciones económicas que describió como excesivas y dirigidas a afectar la viabilidad de los negocios.
El documento también asegura que la actual comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, fungía como subcomisionada mientras presuntamente ocurrían los hechos denunciados. Entre las alegaciones incluidas en la declaración jurada figura que la OCIF impuso multas que superaron los $205,000 relacionadas a alegados incumplimientos con informes negativos de crédito, pese a que —según Carazo— las compañías nunca habían enfrentado ese tipo de señalamientos durante años previos de operación.
Asimismo, el gerente de Allied Fleet Services alegó que la agencia continuó denegando renovaciones de licencias aun después de que las empresas pagaran multas y atendieran requerimientos regulatorios.
La declaración jurada también hace referencia a mensajes atribuidos a Zequeira y Natalia Castiel donde presuntamente se hablaba de imponer un “croqueta fee” y un “cabrón fee” contra Allied, expresiones que ya habían sido citadas públicamente por el representante popular Domingo Torres García al anunciar el referido a Justicia.
Torres García solicitó una investigación independiente sobre posibles actos de represalia, influencia indebida y abuso de poder dentro de la OCIF, alegando que el aparato regulador del Estado pudo haber sido utilizado para intervenir contra una empresa privada por motivos personales.
Como parte de la controversia, también salieron a relucir certificaciones oficiales de la propia OCIF que indican que Allied Fleet Services y AAA Car Rental no poseen actualmente licencias vigentes bajo varias leyes reguladas por la agencia y que ambas entidades habrían incumplido con la radicación de informes trimestrales desde mediados de 2024.
El referido presentado ante Justicia además solicita la preservación inmediata de evidencia electrónica y la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales relacionadas con las actuaciones denunciadas.
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