Advierten sobre gasto público y riesgos por cancelación de Physician Correctional 

Sin embargo, el jefe de agencia tampoco pudo precisar el tiempo que tomará la salida de la empresa que, por separado, administra una asignación de alrededor de $55 millones dirigida al presupuesto del Programa de Salud Correccional.

“La preocupación de esta comisión es en cuanto a costos. que, por culpa de una mala decisión, nos dañen otros planes que pueda haber”, señaló el representante. “Quizás el Departamento consiguió unos chavitos para aumentarle los salarios a los empleados públicos y el Departamento, de momento, tiene que pagar la demanda”, añadió.

El legislador mostró reparos con realizar enmiendas futuras al nuevo presupuesto con el fin de que el DCR pueda sufragar los aspectos vinculados a Physician Correctional –como el pleito legal que permanece en los tribunales– y la contratación de una nueva proveedora que “nos cueste más cara”.

Quiñones Rivera aseguró que, una vez se escoja a la nueva compañía, el proceso de transición “puede tomar meses” y, por lo tanto, Physician Correctional está obligada a mantener la prestación de sus servicios. También informó que el comité conformado para evaluar las compañías interesadas en asumir el nuevo contrato rindió un informe preliminar el pasado 3 de abril que contiene las propuestas de 10 proveedores.

Ocho de estas empresas hicieron ofertas para todos los servicios que actualmente brinda Physician Correctional, incluyendo tratamientos para la salud mental y física de la población juvenil, así como la salud mental y física de adultos.

“Nosotros aquí hemos queridos ser bien juiciosos. No estamos hablando de tomar – y sé que esa no es la preocupación – una decisión caprichosa. Estamos velando por los mejores intereses de la población correccional”, afirmó el secretario.

Reiteró que, pese a las irregularidades señaladas contra Physician Correctional, la compañía opera bajo “los más altos estándares” de cuidado clínico. “Se vaya a quedar hasta el 2028 o se vaya mañana, mientras nos estén dando servicios y el Departamento esté pagando por ellos, (tenemos que) asegurarnos que el servicio, dentro de las circunstancias, cumpla con nuestras exigencias”, manifestó el jefe del DCR.

Por su parte, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló solicitó la entrega del borrador y los datos de las 10 compañías que están en revisión. El legislador, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, también adelantó que convocará vistas públicas para estudiar el proceso de transición.

Entretanto, el DCR presentó ante la Comisión de Hacienda una solicitud de aumento de $49.8 millones con cargo al Fondo General para el próximo año fiscal. El secretario peticionó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un presupuesto del Fondo General de $489.9 millones, de los cuales $274.5 corresponden a nómina y otros $157.8 millones a gastos operacionales.

Según Quiñones Rivera, la partida que requirió para la nómina de la agencia permitirá atender la necesidad de reclutamiento y ascensos requeridos para la supervisión adecuada en las cárceles de adultos y los Centros de Tratamiento Social para los juveniles.

Asimismo, el funcionario destacó que parte de esta asignación costeará el gasto de nómina actual, que incluye un aumento al cuerpo de oficiales correccionales por la cantidad de $19 millones que fue alcanzado en el año fiscal vigente.

Entre sus prioridades para el próximo año fiscal, mencionó la instalación de cámaras de seguridad, contratación de personal crítico, remodelación de la institución Ponce máxima y puntualizar sobre el dinero retroactivo de la agencia.