Organizaciones comunitarias rechazan eliminación de la Ley 75 en reforma de permisos 

La controversia surgió durante una vista pública de la Comisión Especial que evalúa el Proyecto de la Cámara 1213, medida impulsada por la administración de Jenniffer González Colón para reorganizar el sistema de permisos en Puerto Rico. El proyecto propone crear un nuevo marco legal y administrativo para la solicitud, evaluación y otorgación de permisos.

Sin embargo, grupos vinculados a Río Piedras advirtieron que la propuesta, tal como está redactada, podría afectar estructuras comunitarias y mecanismos de participación ciudadana desarrollados durante décadas bajo la Ley 75.

La representante de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, Elba Leticia Collazo Díaz, sostuvo ante la comisión que la ley no regula permisos ni constituye un obstáculo para el desarrollo económico.

“La Ley 75 no es una ley de permisos ni un obstáculo para el desarrollo económico. Es una herramienta de participación ciudadana, planificación comunitaria y coordinación institucional”, expresó durante la vista pública.

Asimismo, argumentó que eliminar la legislación pondría en riesgo estructuras creadas específicamente para atender las necesidades particulares del casco urbano riopedrense.

“Río Piedras no necesita menos participación, menos coordinación ni menos herramientas comunitarias. Necesita instituciones efectivas, cercanas y comprometidas con su desarrollo integral”, añadió.

Durante su ponencia, Collazo defendió que la Ley 75 ha permitido coordinar esfuerzos entre agencias estatales, municipio, universidad y comunidades para atender problemas de infraestructura, vivienda, seguridad y desarrollo económico.

La líder comunitaria también destacó proyectos impulsados bajo esa estructura, incluyendo iniciativas de vivienda asequible y recuperación de propiedades abandonadas.

“El fideicomiso para el desarrollo de Río Piedras ha impulsado propuestas de fondos federales, incluyendo la más reciente para el desarrollo de aproximadamente 100 apartamentos en las antiguas instalaciones del Colegio La Milagrosa”, indicó.

Otra de las preocupaciones planteadas durante la vista fue la posible concentración de poderes dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entidad que tendría un rol central bajo el nuevo código.

El planificador Hernán Morales Ramírez, en representación del Colectivo Interdisciplinario de Profesionales, sostuvo que el proyecto centraliza decisiones, reduce mecanismos de participación ciudadana y flexibiliza protecciones ambientales.

“Este proyecto exhibe un patrón consistente de centralizar el poder decisional en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, reducir los mecanismos de participación ciudadana, desplazar la función de profesionales técnicos y científicos”, expresó.

El colectivo también cuestionó la ausencia del llamado “reglamento único”, documento que aún no ha sido divulgado y que contendría detalles operacionales del sistema.

“Como no tenemos disponible este reglamento único, que muchas de las disposiciones van a estar ahí, pues se nos hace un poquito difícil entender bien lo que trae este proyecto de cámara”, indicó Morales Ramírez.

Durante la audiencia, varios legisladores reconocieron preocupaciones relacionadas con la derogación de la Ley 75.

El presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez expresó que, a su juicio, la medida comunitaria no necesariamente tendría que eliminarse como parte de la reforma.

“Creo y estoy convencido, compañero (…) que la ley 75 no tiene que ver nada con permisos”, sostuvo durante el intercambio.

El representante José “Cheito” Hernández también defendió el rol de las organizaciones comunitarias en Río Piedras y aseguró que su experiencia con la Ley 75 ha sido distinta a la percepción inicial que recibió cuando llegó a la Legislatura.

“Eso es la ley 75. No tiene nada que ver con permisos. Es la acción ciudadana para ayudar a la gente, para que las cosas ocurran de manera correcta”, expresó.

Asimismo, mencionó iniciativas recientes desarrolladas junto a CAUCE y el Fideicomiso de Río Piedras, incluyendo incentivos para nuevos negocios y programas de apoyo comunitario.

Las organizaciones comunitarias insistieron en que no se oponen al desarrollo económico ni a la agilización de procesos gubernamentales, pero rechazaron que una reforma administrativa termine debilitando estructuras de participación ciudadana construidas durante años.