La llamada “crudita” fue implantada durante la administración de Alejandro García Padilla mediante la Ley 31-2015 y establece un impuesto de $9.25 por barril de petróleo o derivados. Datos citados en el comunicado indican que el gobierno recaudó $141.6 millones por ese arbitrio durante el año fiscal 2022-2023, equivalente a cerca del 24% de los recaudos relacionados con productos derivados del petróleo.
De acuerdo con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio de la gasolina regular se encuentra actualmente en $1.19 por litro.
La Junta de Supervisión había advertido previamente, mediante una comunicación escrita emitida en noviembre de 2023, que los recaudos de las llamadas “cruditas” representan una fuente significativa de ingresos para financiar servicios esenciales del gobierno. Además, señaló que la eliminación de ese arbitrio podría reducir en aproximadamente $120.6 millones anuales los ingresos del Fondo General.
Según el análisis citado por Méndez, eliminar temporalmente el arbitrio podría representar un ahorro de alrededor de seis centavos por litro para los consumidores en la bomba.
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