La contralora Carmen Vega Fournier informó el viernes que una auditoría a la Policía de Puerto Rico detectó recaudos manejados por personal sin autorización del Departamento de Hacienda, recibos no oficiales, depósitos tardíos y cuentas por cobrar sin controles adecuados.
“La seguridad pública también exige disciplina fiscal, controles administrativos rigurosos y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.
El informe cubre operaciones fiscales y administrativas del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025, cuando el entonces Negociado de la Policía estaba adscrito al Departamento de Seguridad Pública.
Auditores revisaron recaudos por servicios policiacos, almacenamiento de armas de fuego, donativos federales, operaciones conjuntas, reembolsos y otros conceptos. Durante ese período, se registraron 145,425,210 dólares en recaudos mediante 2,489 comprobantes de remesa.
La muestra examinada incluyó 333 recibos oficiales por 11,927,154 dólares. En esa revisión, la Oficina de la Contralora encontró empleados que recaudaron valores sin nombramiento de recaudador sustituto o auxiliar del Departamento de Hacienda.
También fueron identificados 18 recibos manuales no oficiales por 5,290 dólares, emitidos con formularios internos no autorizados por Hacienda y sin control adecuado sobre su numeración o registro.
Otra parte del señalamiento apunta a depósitos realizados con tardanzas de 1 a 29 días, recibos oficiales preparados fuera del momento en que se recibieron los valores e inconsistencias entre hojas de depósito y registros del Sistema de Ingresos y Recaudos del Área del Tesoro.
El examen también encontró una hoja de depósito ilegible sin sello bancario y 247 recibos oficiales que no siguieron la secuencia numérica correspondiente.
Para la Contralora, esas fallas abren espacio a errores, irregularidades, uso indebido de fondos o dificultades para detectar situaciones impropias a tiempo.
En cuentas por cobrar, la auditoría encontró 985 casos por 980,233 dólares al 30 de junio de 2025. Una misma empleada preparaba facturas, gestionaba cobros y registraba facturas y pagos, funciones que debían estar separadas como medida de control interno.
El Departamento de Seguridad Pública respondió que no se identificaron pérdidas de fondos públicos y que las recaudaciones fueron depositadas, remesadas y registradas. Además, indicó que comenzó ajustes en los procesos de recaudación y capacitación al personal de finanzas.
La Policía planteó que muchos de los señalamientos corresponden al período previo a la reorganización legal que le otorgó autonomía administrativa y fiscal mediante la Ley 83 de 2025.
Vega Fournier recomendó al superintendente de la Policía reforzar la supervisión de recaudos, exigir nombramientos válidos para el manejo de valores, utilizar recibos oficiales autorizados, requerir depósitos diarios y separar las funciones de facturación, cobro y registro de pagos.
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