Auditoría revela débitos no autorizados y pagos pendientes en el Departamento de la Familia 

La contralora Carmen Vega Fournier reveló el miércoles una auditoría con 9 hallazgos fiscales y administrativos en el Departamento de la Familia, entre ellos 1,563,138 dólares en pagos pendientes y 27,696 dólares en débitos no autorizados.

“Esta auditoría reafirma el deber ministerial de nuestra Oficina de examinar con objetividad el uso de los recursos públicos, promover controles internos sólidos y fomentar una administración pública eficiente, transparente y responsable”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

El Informe de Auditoría OC-26-24 cubre el período del 1 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2024 y contiene una opinión cualificada, lo que significa cumplimiento general con la ley, excepto por los hallazgos señalados.

Entre los señalamientos principales figuran pagos pendientes por procesar por 1,563,138 dólares por evidencia médica y gastos de viaje del Programa de Determinación de Incapacidad, correspondientes a varios años fiscales.

La auditoría también reveló 59 débitos no autorizados por 27,696 dólares en la cuenta bancaria del oficial pagador especial, utilizados para pagos ajenos a la función pública, como tarjetas de crédito, seguros médicos, internet, telefonía y otros conceptos.

De esa cantidad, el banco reintegró 24,532 dólares, pero quedaron pérdidas por 3,164 dólares que no fueron reclamadas oportunamente contra la fianza global ni contra la aseguradora del departamento.

Vega Fournier indicó que el examen identificó deficiencias en la División de Pagos, conciliaciones bancarias, manejo de cheques, cuentas por cobrar, contratación de auditorías externas, control de propiedad, contabilidad interna e informes requeridos por ley.

El informe advierte que los atrasos en los pagos pendientes aumentan el riesgo de que el Departamento de la Familia incurra en gastos no reembolsables por la Administración de Seguro Social y que proveedores médicos se nieguen a enviar evidencia necesaria para evaluar casos de incapacidad.

También se identificaron tardanzas en conciliaciones bancarias, una diferencia sin aclarar por 52,552 dólares y la falta de devolución al Departamento de Hacienda de 152,809 dólares correspondientes a 7,222 cheques caducados por más de 6 meses.

En el área de nómina, el informe identificó cuentas por cobrar por 65,920 dólares por pagos indebidos de salarios a empleados que cesaron funciones, estaban en licencia sin sueldo o no tenían balances disponibles de licencias acumuladas.

La contralora también señaló atrasos en la contratación de auditores externos para los informes financieros requeridos por regulación federal y tardanzas de hasta 613 días en la remisión de informes auditados al Federal Audit Clearinghouse.

El Departamento de la Familia informó a la Oficina de la Contralora que comenzó acciones correctivas, entre ellas peticiones de fondos para desembolsos pendientes, controles para la custodia de cheques, anulación de formularios obsoletos y refuerzo del cumplimiento con informes regulatorios.

“Las recomendaciones emitidas constituyen una hoja de ruta para fortalecer la gobernanza fiscal y administrativa del Departamento de la Familia”, expresó Vega Fournier.

La contralora sostuvo que el plan correctivo será evaluado en 6 meses y exhortó a implantar las recomendaciones con diligencia y sentido de urgencia, en beneficio de las poblaciones vulnerables que dependen de esos servicios.