Federales arrestan a dos hombres por cargos de explotación infantil 

El fiscal federal, W. Stephen Muldrow, informó el miércoles, que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron a dos hombres por delitos relacionados con explotación infantil.

“La Fiscalía de los Estados Unidos seguirá priorizando el enjuiciamiento de quienes explotan sexualmente a menores”, declaró Muldrow.

“Agradezco los esfuerzos de los investigadores y fiscales que trabajan incansablemente para investigar y enjuiciar a quienes dañan a los niños”, agregó.

Detalló que un gran jurado federal acusó formalmente a Alen Meléndez Santiago el 9 de abril de 2026 de tres cargos de explotación sexual de menores.

Según los documentos judiciales, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el acusado Meléndez Santiago, de 25 años y residente de Toa Baja, supuestamente indujo, sedujo y coaccionó a una menor de 14 años para que participara en actos sexualmente explícitos con el fin de producir pornografía infantil.

El acusado enfrenta un cargo de producción de pornografía infantil, un cargo de coacción y seducción de una menor y un cargo de posesión de pornografía infantil. De ser declarado culpable, el acusado enfrenta las siguientes penas: una pena mínima obligatoria de prisión de 15 años y hasta 30 años por la producción de material de explotación infantil. Una pena máxima de cadena perpetua por coacción e incitación a un menor; y una pena mínima obligatoria de cinco años y una máxima de 20 años de prisión por recepción y distribución de material de explotación infantil.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del caso.

En un caso aparte, Edwin Méndez-Pérez, un hombre de 50 años, de Caguas, fue arrestado por agentes del HSI por explotación infantil. El 22 de abril de 2026, un gran jurado federal acusó formalmente a Méndez Pérez de tres cargos de coacción e incitación a un menor, explotación sexual de menores y recepción de material de explotación infantil.

Según la acusación, desde agosto de 2010 hasta mayo de 2025, Méndez Pérez supuestamente utilizó, a sabiendas, dispositivos electrónicos y servicios de mensajería instantánea por internet para inducir, persuadir y coaccionar a una menor de entre 11 y 15 años a participar en actividades sexuales. El acusado produjo y recibió material de explotación infantil.

De ser declarado culpable, Méndez Pérez se enfrenta a las siguientes penas: de 10 años a cadena perpetua por coacción y seducción de una menor; de 15 a 30 años de prisión por explotación sexual infantil; y de un mínimo de cinco a 20 años de prisión por recepción de material de explotación infantil. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. La fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del caso.

“Los depredadores de menores a menudo disfrazan el abuso como un ‘juego divertido’ para bajar la guardia de los niños, pero no tiene nada de inofensivo. Se trata de un comportamiento depredador, deliberado y calculado. Explotan la confianza, manipulan la inocencia y utilizan todas las tácticas a su alcance para atacar a sus víctimas, llegando incluso a pagar para obtener lo que desean. Esto no lo permitiremos. HSI permanece vigilante, firme y plenamente comprometida con la protección de nuestros niños”, afirmó Yariel Ramos, Agente Especial Interino a Cargo de HSI en San Juan.

Este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Liderado por las Fiscalías Federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad, el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar mejor a las personas que explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite www.justice.gov/psc.

Una acusación formal es solo una alegación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.