Junta reordena el presupuesto 2027: impulsa Educación, Salud y Policía mientras ajusta áreas sociales 

La Junta de Supervisión Fiscal delineó un reordenamiento en las asignaciones del presupuesto para el año fiscal 2027 que favorece a agencias centrales como Educación, Salud y seguridad pública, mientras introduce ajustes a la baja o estancamientos en áreas vinculadas a servicios sociales, empleo y apoyo comunitario.

El desglose surge del análisis del presupuesto revisado que el organismo evaluó como parte del proceso bajo la Ley PROMESA. Aunque el nivel total de gasto se mantiene prácticamente sin cambios, la Junta intervino en la distribución interna de fondos, modificando partidas específicas entre agencias.

En ese reordenamiento, el Departamento de Educación de Puerto Rico figura entre los principales beneficiados, con un aumento cercano a $27 millones, seguido por la Policía de Puerto Rico con unos $18 millones adicionales. También se observan incrementos en el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que reflejan ajustes de decenas de millones de dólares en la versión revisada.

En contraste, el documento refleja reducciones o falta de crecimiento en agencias relacionadas con servicios directos a la población. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos muestra una disminución de alrededor de $8 millones, mientras que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y programas vinculados a vivienda y desarrollo comunitario presentan ajustes a la baja o asignaciones sin cambios significativos.

También se observan presiones en partidas dirigidas a municipios y entidades externas, en un contexto en el que la Junta ha insistido en priorizar el cumplimiento de metas fiscales y la sostenibilidad del gasto.

El patrón que surge del análisis es uno de redistribución más que de expansión. La Junta mantiene el nivel global del presupuesto, pero reorienta recursos hacia áreas que considera esenciales para la operación del gobierno, mientras limita el crecimiento en programas sociales o de apoyo económico.

Este enfoque se da en paralelo a las advertencias del organismo sobre riesgos en servicios esenciales si algunas partidas no reflejan adecuadamente los costos reales de operación. En su evaluación, la Junta ha planteado que ciertos recortes podrían afectar la continuidad de servicios en sectores clave.

El presupuesto se encuentra aún en proceso y deberá ser radicado ante la Legislatura en las próximas semanas, donde comenzará su evaluación formal. En esa etapa, tanto el Ejecutivo como los legisladores podrán proponer cambios adicionales antes de su aprobación final.