Proyecto Nacer pide ampliar cambios a proyecto sobre adolescentes embarazadas
El Proyecto Nacer reclamó el jueves, a la Legislatura que evalúe de forma más amplia el Proyecto del Senado 1192 para que la enmienda a la Ley 220 de 2004 responda con mayor justicia a la realidad de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes en Puerto Rico.
“Las adolescentes embarazadas no necesitan medidas parciales ni soluciones simbólicas. Necesitan una legislación sensible, justa y efectiva que proteja sus derechos, les abra oportunidades reales y atienda con responsabilidad las barreras que enfrentan para continuar su educación, acceder a servicios y procurar bienestar para ellas y sus hijos”, dijo la principal oficial ejecutiva de Proyecto Nacer, la doctora Anayra Túa, en declaraciones escritas.
“Es esencial recalcar que en Puerto Rico el código penal establece que los jóvenes de 16 años en adelante tienen la capacidad de consentir tener relaciones sexuales, pero les ata las manos a los jóvenes para ejercer una paternidad y maternidad responsable hasta que cumplan la mayoría de edad”, añadió.
La organización informó que ya solicitó reuniones con las coautoras de la medida, las senadoras Joanne Rodríguez Veve, Ada Álvarez Conde, Migdalia Padilla y Wandy Soto, y que también se reunió con asesores del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para discutir áreas que, a su juicio, no están cubiertas por las enmiendas incluidas en el proyecto.
Según Proyecto Nacer, aunque la medida representa una oportunidad para actualizar la política pública sobre adolescentes embarazadas, todavía requiere ajustes sustanciales para atemperarse al estado de derecho actual y responder de forma efectiva a la realidad que enfrenta esa población.
Entre los reclamos de la entidad figura que el proyecto incluya directrices claras al Departamento de Educación para promover de forma proactiva la educación alternativa como modelo fundamental para garantizar los derechos de las adolescentes embarazadas, así como orientación sobre protecciones legales y alternativas educativas, en especial para víctimas de agresión sexual.
La organización también sostuvo que la medida debe identificar un ente fiscalizador con facultad para exigir cumplimiento al Departamento de Educación e imponer sanciones cuando corresponda. Proyecto Nacer favoreció que esa función recaiga en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, de modo que también vele por la Carta de Derechos de la Adolescente Embarazada.
Proyecto Nacer planteó además que la legislación debe sentar bases concretas para superar las barreras que enfrentan estas jóvenes para acceder a vivienda pública y al Programa de Asistencia Nutricional, limitaciones que, según la entidad, surgen en muchos casos por su condición de menores de edad.
Túa también recalcó la importancia de que la legislación reconozca el derecho de los padres adolescentes a inscribir a sus hijos en el Registro Demográfico, una vez cumplan con los requisitos establecidos, sin autorización de sus padres o tutores, para garantizar que los niños nacidos a adolescentes puedan tener ambos apellidos al nacer.
“Una verdadera enmienda a la Ley 220 debe traducirse en protección real, acceso efectivo a servicios y mayores oportunidades para que las adolescentes embarazadas puedan continuar su desarrollo con dignidad, respaldo institucional y herramientas concretas para construir un mejor futuro”, sostuvo.
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