Secretario del DDEC niega que reforma lo convierta en “zar de los permisos” 

En medio de una evaluación legislativa marcada por advertencias sobre concentración de poder, reclamos municipales y preocupaciones ambientales, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, defendió, en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, una de las propuestas más ambiciosas del Ejecutivo: la reforma al sistema de permisos.

A la pregunta sobre si se convertiría en el “zar de los permisos” de la administración de Jenniffer González, el funcionario insistió en que la medida no responde a una intención de centralizar decisiones en su figura ni de flexibilizar controles, sino a la necesidad de corregir un sistema que, sostuvo, ha dejado de funcionar para ciudadanos y empresas.

“No hay que ser un experto para saber que el sistema de permisos que tenemos hoy no funciona”, afirmó.

A partir de ese diagnóstico, la propuesta busca transformar la lógica del proceso: reducir tiempos, integrar leyes en un solo código y, en ciertos casos, permitir que la fiscalización ocurra después de la apertura de los negocios, en lugar de antes.

Uno de los elementos más llamativos es la meta de que ciertos permisos puedan emitirse en 24 horas. Negrón Reichard explicó que esto aplicaría a actividades de bajo riesgo, particularmente pequeños y medianos negocios que hoy enfrentan procesos prolongados.

El secretario argumentó que el modelo actual obliga a comerciantes a esperar meses o incluso años mientras asumen costos operacionales. El cambio implicaría, en la práctica, una reconfiguración del rol del Estado, que, en algunos casos, pasaría de evaluar previamente a fiscalizar posteriormente. Sin embargo, el titular del DDEC rechazó que esto suponga una renuncia a la supervisión pública.

“Es cuestión de nivelar el riesgo”, sostuvo, al explicar que no todos los proyectos requieren el mismo nivel de escrutinio. “No es lo mismo […] una tienda de ropa […] que la construcción de un edificio”.

Como parte de esa lógica, el secretario planteó que la reforma no se diseñó en el vacío, sino tomando como referencia otras jurisdicciones de Estados Unidos con sistemas más ágiles. “Miramos Texas, miramos Florida, que basan la emisión de los permisos en cuánto riesgo hay”.

Según Negrón Reichard, ese modelo distingue entre proyectos de bajo impacto —que pueden aprobarse rápidamente— y desarrollos de mayor escala que requieren evaluaciones ambientales más rigurosas. El secretario indicó que los proyectos de mayor escala seguirían sujetos a procesos rigurosos de evaluación de impacto ambiental.

A pesar de estos argumentos, una de las principales críticas al proyecto ha sido que concentra poder en el DDEC y, particularmente, en el secretario. De hecho, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió sobre la creación de una estructura con autoridad casi absoluta que comparó con el Vaticano.

Negrón rechazó ese señalamiento. “El secretario no tiene ningún poder decisional sobre la emisión positiva o negativa de un permiso”.

Explicó que los permisos —especialmente los discrecionales— continuarían siendo evaluados por una junta adjudicativa independiente, mientras el secretario se limitaría a establecer política pública.

“Eso es una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad que yo, como secretario, personalmente no quisiera”.

Otra de las piezas más discutidas del proyecto ha sido la llamada cláusula de supremacía, que ha generado inquietud en la Legislatura. El secretario explicó que el artículo busca establecer el código como la ley única en materia de permisos.

Argumentó que el sistema actual está disperso en decenas de leyes y reglamentos, lo que dificulta su aplicación, particularmente para pequeños comerciantes que no cuentan con asesoría técnica.

Más allá del diseño institucional, la reforma también replantea cómo se garantizan los procesos administrativos y el acceso a la revisión de decisiones.

En ese contexto, uno de los puntos más sensibles es la propuesta de excluir el sistema de permisos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), el marco legal que actualmente regula cómo las agencias adoptan reglamentos y garantizan procesos de participación y revisión administrativa.

La reforma plantea sustituir ese andamiaje por un procedimiento específico dentro del nuevo código, algo que, según el secretario, buscaba corregir atrasos estructurales en la reglamentación del sistema. Negrón Reichard explicó que el nuevo modelo establecería un proceso propio, con términos definidos y múltiples instancias de participación pública.

“Estamos proponiendo […] un procedimiento administrativo específico. […] Requeriría tres vistas públicas […] y que haya vista a los 30 días, a los 45 días, a los 60 días”.

A su juicio, esto ampliaría —no reduciría— los espacios de participación ciudadana.

El debate sobre la exclusión de la LPAU se conecta con otra disposición del proyecto: la posibilidad de exigir una fianza como requisito para detener o impugnar un permiso ante los tribunales en ciertos casos.

El secretario indicó que esa exigencia no sería generalizada, sino limitada a quienes no estén directamente afectados por el proyecto. “Eso solo aplicaría para las personas que no sean colindantes o que estén afectando directamente”.

Al mismo tiempo, insistió en que las personas directamente impactadas mantendrían pleno acceso a los foros judiciales.

En cuanto a la preocupación sobre el costo de acceso a la justicia, el secretario reconoció que ese aspecto aún podría ajustarse en el trámite legislativo.

En paralelo, el debate político también ha estado marcado por la postura de los alcaldes, quienes reclaman garantías sobre su autonomía. La Federación de Alcaldes anunció que presentaría más de 20 enmiendas al proyecto, en un intento por preservar su rol en el proceso.

Negrón Reichard aseguró que la medida no alteraría ese balance. “Bajo ningún concepto se intenta trastocar la autonomía municipal”. Añadió que los planes de ordenamiento territorial y las facultades municipales se mantendrían intactas, aunque reconoció que el proceso legislativo será clave para afinar esos detalles.

La reforma también ha despertado preocupaciones en el ámbito ambiental. Sectores críticos han planteado que podría tratarse de un “caballo de Troya” para debilitar protecciones existentes, particularmente en temas como la zona marítimo terrestre.

El secretario rechazó esa caracterización. “Las leyes ambientales todas siguen vigentes y protegidas”.

Más aún, planteó que el rediseño busca fortalecer la fiscalización, separando funciones que hoy recaen en una misma estructura. “El mismo equipo que da el permiso (en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) puede ser el que está fiscalizando […] podría haber un beneficio en dividir la emisión de la fiscalización”.

Aun así, el tema ambiental continúa siendo uno de los puntos más sensibles. Desde el Senado, incluso se ha planteado la posibilidad de eliminar disposiciones específicas del proyecto —que aplicarían a la controversia de La Parguera, en Lajas— para viabilizar su aprobación.

Mientras tanto, el sector privado —que endosa la reforma de permisos— ha señalado que el sistema actual encarece significativamente la inversión y la construcción, una preocupación que el propio secretario reconoció.

“Hay que buscar un balance”. Según este, retrasos en permisos pueden representar entre un 10 % y un 30 % del costo de construcción, lo que termina trasladándose al consumidor. El secretario sostuvo que los retrasos en permisos pueden aumentar el costo de una vivienda hasta en $50,000.

El proyecto también cuenta con el respaldo de la Junta de Supervisión Fiscal, con la que el DDEC trabajó previamente para evitar conflictos posteriores. “Hemos hecho el trabajo de adelantarnos y tener una mesa de trabajo por meses con el equipo técnico de la Junta”.

Sobre el costo estimado de implementación, el secretario indicó que los fondos ya existen dentro de la agencia, aunque requieren autorización presupuestaria.

Mientras tanto, en la Legislatura, el proceso continúa abierto. Existen dos propuestas principales —la del Ejecutivo y la del Senado— y no se descarta que ambas se integren en un solo proyecto.

Negrón Reichard evitó anticipar el resultado legislativo, pero insistió en la urgencia de actuar. “Sería muy bueno, para Puerto Rico, que se apruebe en esta sesión”.

El calendario de implementación, detalló, contemplaría seis meses para la creación del reglamento y hasta un año para que el sistema esté completamente operativo.

“Para mí, la legislación no es la meta principal […] es cuando los permisos salgan en 24 horas”.

Tipos de permisos

• Trámites ministeriales (automáticos)- Permisos que no requieren discreción administrativa. Se otorgan al cumplir con requisitos establecidos en ley o reglamento.
• Permisos con certificación profesional- Procesos en los que un profesional autorizado certifica cumplimiento con requisitos técnicos. El Estado mantiene facultad de fiscalización y auditoría posterior.
• Permisos discrecionales - Requieren evaluación técnica y juicio administrativo por parte de una junta o autoridad competente. Incluyen análisis más complejos, posibles vistas y requisitos adicionales.
• Proyectos de alto impacto - Desarrollos de gran escala o con posibles efectos ambientales o territoriales significativos. Requieren evaluaciones integradas, cumplimiento ambiental y mayor escrutinio técnico.