Presidente cameral ordena detener investigación sobre centros de inspección 

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, le ordenó el martes al representante José ‘Cheito’ Hernández, quien preside la Comisión de Transportación e Infraestructura que detenga la investigación legislativa sobre los Centros de Inspección que incluye el de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

La orden ocurre en momentos en que se debatía la comparecencia de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Según Méndez Núñez, la determinación es para no afectar la investigación que empezó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y para evitar daños a la misma.

“Reconocemos el amplio poder de investigación que poseen las Comisiones Legislativas. Sin embargo, la paralización de una investigación legislativa cuando existe un referido y una pesquisa criminal en curso ante el PFEI se fundamenta en principios constitucionales y en jurisprudencia tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. En primer lugar, podemos estar infringiendo el principio constitucional de separación de poderes. El Departamento de Justicia de Puerto Rico y el PFEI tienen la función exclusiva de investigar y procesar delitos. Cuando la Legislatura continúa una investigación paralela sobre los mismos hechos, puede invadir esas funciones. La jurisprudencia reconoce que debe existir deferencia para evitar conflictos entre ramas”, dijo el presidente en una carta enviada al representante.

“En segundo lugar, la Constitución de Puerto Rico garantiza el debido proceso de ley. Una investigación legislativa pública puede exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en potenciales jurado. Aun cuando los procesos se lleven a cabo mediante mecanismos de Reuniones Ejecutivas, no podemos limitar lo que los legisladores que estuvieron presentes puedan comunicar a terceros sobre lo ocurrido en dichas reuniones. Esta situación aumenta el riesgo de provocar un perjuicio o daño irremediable en la investigación penal que llevan a cabo las agencias pertinentes”, añadió.

“Siempre hemos sido defensores de la amplia facultad investigativa que posee la Asamblea Legislativa y nunca nos ha temblado el pulso para atender asuntos medulares, vengan de donde vengan. Sin embargo, en el análisis del balance de los intereses que nos corresponde ejercer y, bajo las facultades que me concede el Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, ordeno suspender y paralizar la investigación legislativa bajo la Resolución de la Cámara 352, por un término equivalente al que dispone el Fiscal Especial para culminar la investigación encomendada”, concluyó.