Señalamientos por pesquisa a secretaria de la Familia genera preocupación en sector de cuido prolongado 

La controversia en torno a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, continúa generando reacciones, esta vez desde el sector de instituciones de cuidado prolongado, que advierte sobre posibles efectos en la confianza pública y en la transparencia del manejo de fondos destinados a poblaciones vulnerables.

El presidente de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno, expresó preocupación ante la información divulgada en las últimas semanas, al señalar que situaciones de este tipo no deben afectar un sistema que atiende a adultos mayores. Según planteó, el manejo de contratos y recursos en este ámbito debe responder directamente al bienestar de los pacientes.

Las expresiones surgen luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipara que solicitará información a Roig Fuertes tras reportarse que, durante su paso por el Departamento de Salud en el cuatrienio pasado, habría participado en la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un solo paciente.

Lea también: Caso contra secretaria de la Familia queda archivado, pero podría reabrirse

De acuerdo con lo que ha trascendido, la funcionaria fue referida al Departamento de Justicia en 2022, cuando dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual en Salud. La investigación se extendió por cerca de tres años y fue archivada el 30 de octubre de 2025. Ese proceso coincidió con el periodo en que Roig Fuertes fue evaluada para su nombramiento, tanto en el Senado como en el proceso de verificación de antecedentes del Ejecutivo.

La semana pasada, la secretaria indicó públicamente que desconocía sobre dicho referido y que nunca fue contactada por Justicia. Sin embargo, según se expone, su declaración jurada no coincide con algunos planteamientos ofrecidos en entrevistas a medios.

Así las cosas, Morales Adorno advirtió que alegaciones relacionadas con la otorgación de contratos, particularmente en escenarios de subcontratación, generan preocupaciones sobre la claridad y competitividad de los procesos.

Del mismo modo, sostuvo que el hecho de que una investigación permaneciera activa durante años, aunque luego fuera archivada, plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación para ocupar cargos públicos de alto nivel.

Por tal razón, la FICPRO solicitó que se realice una investigación independiente que permita esclarecer los hechos relacionados con los contratos señalados, determinar si hubo prácticas indebidas o conflictos de interés, y confirmar que no se haya comprometido el uso de fondos dirigidos al cuidado de adultos mayores.

Aunque el caso fue archivado por falta de evidencia suficiente, la secretaria de Justicia no descartó reabrir la pesquisa si surge nueva información o algún referido adicional.

Entretanto, desde el sector de cuidado prolongado insisten en que la situación requiere mayor claridad, al tratarse de servicios dirigidos a una población vulnerable.