Defienden acceso amplio a procesos judiciales, pero con límites ante cobertura mediática 

Diversas voces del ámbito judicial, académico y mediático coincidieron en defender un acceso amplio a los procesos judiciales para fines de cobertura mediática, aunque subrayaron la necesidad de establecer límites y salvaguardas para proteger derechos fundamentales, en medio del debate legislativo sobre restringir la transmisión de ciertas etapas de los casos criminales.

Las expresiones se dieron durante la Conferencia Miriam Naveira Merly 2026 de la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, titulada El ritmo de la justicia en la vorágine del ciclo noticioso, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde se discutió el impacto de la cobertura mediática en los procesos judiciales.

Asimismo, el conversatorio ocurrió en momentos en que se evalúa el Proyecto de la Cámara 1211, que propone prohibir la transmisión en tiempo real de vistas de causa para arresto y vistas preliminares, bajo el argumento de que podrían afectar la presunción de inocencia y contaminar potenciales jurados.

El periodista Luis Guardiola favoreció la difusión amplia de los procesos judiciales, al entender que promueve la transparencia y fortalece la confianza pública en el sistema.

“Desde mi perspectiva como periodista, favorezco la difusión más amplia de estos procesos. Pienso que es positivo para la realización de la justicia y bueno para el país”, expresó.

No obstante, reconoció que el modelo actual requiere ajustes y una mayor responsabilidad compartida entre los distintos actores. En ese contexto, Guardiola recordó cómo era la cobertura judicial antes de la apertura a cámaras, cuando los periodistas tenían acceso limitado y sin herramientas para contextualizar lo que ocurría en sala.

El periodista narró que, en aquel entonces, los camarógrafos tenían que colocar el lente de la cámara, o incluso el teléfono, en la ventanilla de la puerta de la sala para poder captar imágenes del juez, sin audio ni contexto completo de lo que estaba ocurriendo.

“Yo no creo que el país acepte que cerremos esa puerta nuevamente (...) yo no creo que el pueblo merezca mirar los procesos a través de la ventanita”, añadió.

A partir de esa experiencia, cuestionó si resulta preferible que la ciudadanía dependa únicamente de la interpretación periodística o que pueda observar directamente los procesos.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, el fiscal Yamil Juarbe coincidió en la importancia de la transparencia, pero advirtió sobre los riesgos de convertir los procesos judiciales en un “espectáculo mediático”.

“O sea, esto no puede convertirse en un reality show y lamentablemente, a veces, y con mucha tristeza, tengo que decir que se han convertido los juicios en nuestro país en un reality, han sustituido al Canal 2 que hacía novelas porque las producía en Puerto Rico y la gente se encimisma en eso, se obsesiona con eso”, sostuvo.

Asimismo, planteó que debe haber mayor cautela en etapas preliminares del proceso, donde la prueba presentada es limitada y aún así se presentan una diversidad de programas de análisis en televisión sobre los procesos.

“El país tiene derecho a ver a sus funcionarios públicos ejerciendo su labor, cómo lo hacen, cuán bien se preparan y deben estar, tienen ese derecho de estar informados. Pero con mesura, porque aquí hay unos ingredientes en esta receta que a veces no miramos”, destacó.

Por consiguiente, planteó que el problema no radica necesariamente en la presencia de cámaras, sino en la manera en que se discuten los procesos fuera de sala, como en plataformas digitales.

“Como por ejemplo, las cámaras no son el problema. El problema son las redes sociales, en muchas ocasiones, cuando tenemos personas que no tienen en absoluto conocimiento de los temas de la práctica de lo penal y los tenemos en las redes sociales haciendo programas con sus canales”, indicó.

Por su parte, la jueza administradora de la Región Judicial de Arecibo, Heidi Kiess Rivera rechazó los enfoques absolutos y defendió un análisis caso a caso, enfatizando que el sistema judicial ya cuenta con herramientas para proteger los derechos de las partes.

“Estoy convencida que no podemos dejar de hablar del caso a caso, conforme lo ha establecido el Tribunal Supremo. De igual manera me parece que la regla 15 ha sido establecida, y estoy convencida que existen los mecanismos para que los tribunales, específicamente los jueces en ese deber ineludible que tienen de ser garantes de todos los derechos constitucionales en medio de todos los procesos”, expresó.

En esa línea, sostuvo que no favorece una prohibición generalizada de transmisiones en ciertas etapas, como plantea la medida legislativa.

“Estoy convencida de que es importante el proceso de transparencia, que es importante que estemos en acceso como parte de este proceso de educación porque los tribunales venimos obligados también a educar, así que si me preguntan directamente con relación a una prohibición absoluta de unas etapas sobre otras, yo contestaría en mi opinión que no debe ser así”, afirmó la juez.

Levantan bandera por coberturas mediáticas

Mientras, la profesora de Derecho de la Universidad Interamericana (INTER), Wanda Cruz manifestó preocupación por el impacto de la cobertura mediática en el debido proceso, particularmente en casos que serán vistos por jurado.

“Me preocupa mucho la seguridad también de las personas envueltas, ya que hay que garantizar el debido proceso de ley y hay condiciones muy imparciales porque así no existe la constitución y la transparencia es importante, yo creo que no hay vuelta atrás en los juicios”, sostuvo la profesora.

Además, advirtió sobre el riesgo de que la exposición mediática afecte la imparcialidad de los jurados.

“Me preocupa es que cuando un caso ya va a ser visto por un jurado que es el mayor problema (...) Ellos podrían estar expuestos y contaminados irremediablemente por muchas de las cosas que se han cubierto en los medios, que muchos no necesariamente vienen de periodistas serios, comprometidos, éticos que conocen y va a ser bien difícil lograr un juicio justo imparcial”, señaló.

Ante esto, la juez Kiess Rivera planteó que el sistema judicial cuenta con herramientas para garantizar la imparcialidad, incluso en casos de alta exposición mediática, destacando el rol clave del proceso de selección de jurado.

En ese sentido, subrayó la importancia de la desinsaculación del jurado y el rol activo del tribunal en ese proceso.

“Tenemos que confiar en la integridad de las personas que componen ese jurado y que ese proceso de evaluar si esos candidatos son idóneos o no, recae primordialmente en la figura del juez (...) hay que comprometerlos con el proceso, hacerlos parte del proceso”, expresó.

Asimismo, indicó que los jueces deben reforzar en los ciudadanos el deber constitucional que asumen al formar parte de un jurado.

“Tenemos que hacerle ver a esos ciudadanos el compromiso, el deber constitucional que tienen (...) que se conviertan en jueces de derechos”, añadió.

La jueza también sostuvo que, aunque la alta publicidad de un caso puede presentar retos adicionales, no imposibilita la celebración de un juicio justo.

El deber periodístico también es educarse

Durante el panel también se destacó el rol de los medios y de los propios actores del sistema en educar al público sobre los procesos judiciales, así como la necesidad de mayor preparación de periodistas y comentaristas que cubren estos temas.

En ese sentido, Guardiola planteó que la responsabilidad de mejorar la calidad de la cobertura y de informar correctamente el proceso no recae en un solo sector, sino que es compartida entre quienes informan, los medios para los que trabajan y el propio sistema judicial.

“En primera instancia el periodista, la responsabilidad primaria es individual, y la segunda responsabilidad para mí es el del medio”, expresó.

Guardiola explicó que, ante la falta de especialización en cobertura judicial en Puerto Rico, los periodistas deben asumir la iniciativa de prepararse y educarse sobre los procesos que cubren, mientras que los medios deben fomentar esa capacitación.

“Los medios tienen una responsabilidad mayor en este caso y rehúyen de esa responsabilidad (...) no le requieren a sus periodistas que se preparen, que se eduquen en estas áreas”, sostuvo.

Asimismo, planteó que el sistema judicial también debe promover espacios de formación y acceso a recursos para mejorar la cobertura, incluyendo la posibilidad de contar con expertos que orienten al público.