Exdirector de la UPR alega discrimen y represalias en demanda federal 

El exdirector ejecutivo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Josué Hernández-Álvarez, presentó una demanda federal en la que alega haber sido víctima de discrimen político, discrimen por orientación sexual, represalias y un ambiente de trabajo hostil que, según sostiene, provocó su salida de la institución en 2025.

De acuerdo con un comunicado, la acción legal radicada en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico expone un patrón de eventos que, según se alega, surgieron tras un cambio en la administración universitaria. Entre estos, Hernández-Álvarez alega que fue excluido de funciones clave, se le limitó el acceso a procesos institucionales y se reasignaron sus responsabilidades, lo que eventualmente desembocó en condiciones laborales que describe como adversas.

El contenido de la demanda sostiene que el exfuncionario alega haber sido marginado de reuniones, comunicaciones y procesos decisionales dentro de la universidad, pese a mantener su cargo.

Asimismo, alega que gran parte de sus funciones fueron asumidas por otros funcionarios, lo que, según su versión, lo dejó sin autoridad real para ejercer su rol dentro de la estructura administrativa.

En el recurso judicial, también se alega que el demandante fue objeto de trato desigual por su orientación sexual. Según el documento, Hernández-Álvarez sostiene que se produjeron expresiones y conductas que, a su juicio, generaron un ambiente humillante, incluyendo comentarios sobre baños inclusivos realizados en su presencia y gestos que interpretó como señales de desaprobación hacia su relación de pareja.

Además, la demanda plantea que el exdirector alega haber sido afectado por consideraciones políticas tras su participación en procesos primaristas y por una supuesta percepción de afinidad con la administración anterior. Según se indica, sus intentos de canalizar reclamaciones internas no tuvieron respuesta efectiva, lo que, según alega, agravó la situación y limitó sus opciones dentro de la institución.

Así las cosas, el demandante alega que la suma de estos factores creó un ambiente laboral intolerable que culminó en su renuncia en junio de 2025, lo que describe como un despido constructivo. En la acción judicial solicita remedios al amparo de leyes federales y estatales, incluyendo compensación por daños, restitución de derechos laborales y medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

“Esta acción no se trata únicamente de una experiencia individual, sino de la defensa de principios fundamentales como la equidad, el respeto y la dignidad en el servicio público”, expresó Hernández-Álvarez en declaraciones escritas.

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