El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó fiscales especiales para investigar a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, en medio del escándalo por presuntas irregularidades en centros de inspección vehicular que también ha salpicado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
La determinación surge luego de que el Departamento de Justicia concluyera que existe causa suficiente para creer que Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta delictiva relacionada con la función pública. La investigación preliminar, realizada por la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), está sustentada en declaraciones juradas incluidas en el expediente evaluado por el Panel.
Como parte del proceso, las fiscales independientes Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández quedaron a cargo de la pesquisa a fondo, que también podrá extenderse a cualquier otro funcionario vinculado a los hechos bajo investigación.
El caso se da en paralelo a las vistas legislativas en la Cámara de Representantes, donde han salido a relucir posibles fallas en el manejo de multas y fiscalización de centros de inspección. Allí, la exsecretaria del DTOP, Eileen Vélez, sostuvo bajo juramento que desconoce negociaciones para reducir multas administrativas, al tiempo que defendió que los procesos estaban claramente establecidos en ley.
No obstante, el presidente de la Comisión de Transportación, José “Cheito” Hernández Concepción, ha señalado deficiencias “muy grandes” en los procesos y vacíos en la Ley 22, al punto de adelantar que evaluará legislación para corregirlos.
La génesis del caso contra Pérez Peña apunta a su presunta vinculación con un centro de inspección en Yabucoa, lo que motivó un referido legislativo que eventualmente llegó a Justicia. Incluso, el exdirector de la División de Investigaciones e Inspección, Arturo Deliz, fue entrevistado por fiscales como testigo en esta etapa preliminar.
Según el PFEI, la posible conducta imputada a la exfuncionaria incluye violaciones al delito de influencia indebida, así como a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.
El Panel determinó acoger la recomendación de Justicia y continuar con la investigación, aunque aclaró que el estándar de prueba en esta etapa es distinto al requerido para la radicación de cargos criminales, decisión que corresponderá una vez culmine la pesquisa.
Como es norma en estos procesos, la designación de un FEI no implica culpabilidad y la exfuncionaria se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.
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