Municipios operan solos ante la falta de acción del DRNA en reciclaje 

El sistema de reciclaje en Puerto Rico no solo lleva años estancado en una baja tasa de recuperación —apenas un 10 %—, sino que ahora enfrenta la falta de ejecución por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que hoy funge como la agencia rectora del programa tras la consolidación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).

Aunque la Ley 70 de 1992 establece una política pública para reducir el volumen de desperdicios sólidos, en la práctica el reciclaje se ejecuta de forma desigual entre municipios, en gran medida por la ausencia de dirección centralizada, seguimiento y apoyo operativo.

Durante años, no ha existido un plan concreto sobre el manejo de desperdicios sólidos que encamine a los municipios a una misma dirección. La disparidad en el presupuesto y la falta de herramientas para recoger los materiales ha sido una piedra en el camino de los ayuntamientos.

El líder del programa de reciclaje del municipio de Cabo Rojo, Richard Matos, aseguró que la comunicación con el DRNA es prácticamente inexistente. “Están limitados” en cuanto a la comunicación con la agencia, que según este, “no tienen una iniciativa dedicada al reciclaje”.

La consolidación de la ADS dentro del DRNA en 2018, lejos de fortalecer la gestión, redujo los canales de comunicación que antes existían entre municipios y el gobierno central, relataron a Metro funcionarios municipales.

Actualmente, poco más de 13 municipios cumplen casi en su totalidad con los requerimientos de la Ley 70 de 1992, mientras el resto —65— opera con amplios márgenes de discreción.

Entre esos requerimientos está la entrega de informes trimestrales al DRNA sobre avances, limitaciones y volumen reciclado. Sin embargo, el seguimiento es mínimo. Según el director del programa de Salud Ambiental de Vega Baja, Martín Otero, el municipio cumple con la entrega de los informes, pero la respuesta del DRNA se limita a un acuse de recibo.

Al cierre de esta edición, el DRNA informó que 69 municipios cuentan con programas de reciclaje activos. Sin embargo, solo 32 tienen Planes de Reciclaje vigentes y 34 cumplen con la radicación de informes trimestrales requeridos por ley, lo que refleja un cumplimiento parcial del marco regulatorio.

Mientras tanto, la agencia sostiene que trabaja en el desarrollo de un plan a largo plazo. Según el experto en manejo de desperdicios sólidos del DRNA, Antonio Ríos, el Departamento está enfocado en la infraestructura de los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS) y vertederos, como paso previo a implementar un plan de manejo de desperdicios que “ya está bastante adelantado”.

Ese plan, proyectado para septiembre, cuenta con una subvención federal de $40 millones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), de los cuales ya se han desembolsado $6.2 millones para una primera fase enfocada en infraestructura.

“Nosotros lo que estamos haciendo de forma inmediata es poniendo al día una infraestructura que esté existente para que se pueda utilizar en lo que hacemos la transición a esa nueva infraestructura que se va a desarrollar”, explicó Ríos, quien añadió que también se ofrece capacitación y se buscan herramientas mediante fondos federales.

Sin embargo, de las 23 instalaciones en operación, solo siete cumplen casi en su totalidad con los requerimientos de la EPA.

A nivel municipal, los programas sobreviven mayormente con recursos propios.

En Cabo Rojo, por ejemplo, existen seis programas de reciclaje entre comunidad y comercios, que abarcan desde plásticos y cartón hasta textiles y aceite. “Estamos embalando sobre 50 pacas quincenales y sobreviviendo tratando de dar servicios”, dijo Matos.

En 2025, ese municipio recicló 207 toneladas de cartón corrugado, 38 toneladas de plástico, 45 toneladas de neumáticos, 104 toneladas en telas y 460 galones mensuales de aceite de transmisión hidráulica.

Aun así, Matos asegura que el potencial es mayor. “Necesitamos que a los programas les den atención y ayuda, y contamos con la voluntad del pueblo, que es la opción más sensata y económica, pero necesitamos ayuda para equipos y seguir funcionando”.

En Vega Baja, el escenario es similar: el programa depende exclusivamente de fondos municipales. “Siempre hay espacio para mejorar y espacio para crecer como país, pero muchas veces nos atamos a la situación presupuestaria. Si no tenemos ese presupuesto por parte del gobierno central, nos vemos con las manos atadas”, explicó Otero.

“Hay programas que no han podido continuar por la cantidad de ciudadanos y la falta de presupuestos, y hay que escoger qué servicios ofrecer”, añadió.

Dicho municipio reportó, en 2025, haber reciclado 1,015 toneladas, frente a 13,135 toneladas de basura recibidas. A diferencia de otros pueblos, también reciclan electrodomésticos y materiales electrónicos, y trabajan en la apertura de un centro de acopio.

Mientras tanto, la presión sobre los vertederos continúa en aumento.

Un estudio de Caracterización de Desperdicios Sólidos del DRNA publicado en 2024 advierte que los rellenos sanitarios se están llenando —en gran parte, con material reciclable— y que el sistema enfrenta una crisis de capacidad.

En Mayagüez, el vertedero tiene poco más de un año de vida útil y recibe unas 900 toneladas diarias de desperdicios. El municipio trabaja en la construcción de una nueva celda desde hace dos años.

El caso se repite en Cabo Rojo, donde el sistema ya alcanzó su capacidad y los desperdicios deben ser trasladados a otros municipios. “Imagino que lo mismo le pasará a Mayagüez y buscaremos otro lugar para ir depositando la basura, y es alarmante”, advirtió Matos.

En Toa Alta, el vertedero enfrenta una demanda federal y una orden de cierre, lo que ha elevado los costos operacionales a $300,000 mensuales, según el alcalde.

Para el DRNA, parte del problema también radica en la falta de mercado para los materiales reciclables.

“Ahora mismo, parte de lo que estamos trabajando con el plan es para atender otras áreas, como el aspecto de tecnología, que es necesaria para que pueda proveer una mejor oportunidad a los municipios de dónde llevar estos materiales a procesar y desarrollar mercados finales para esos materiales y para no depender de la exportación”, explicó Ríos.

Pero mientras ese plan se materializa, los municipios continúan operando prácticamente solos en la ejecución del reciclaje en Puerto Rico.