Exigen la eliminación de política que obliga a personal a sustituir maestros 

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical solicitaron al Departamento de Educación que deje sin efecto las disposiciones de la Carta Circular 021-2025-2026, que obligan a trabajadores sociales escolares, consejeros profesionales y maestros bibliotecarios a asumir funciones de sustitución docente ante ausencias imprevistas.

Según la organización, la medida impacta directamente la calidad de los servicios que reciben los estudiantes y altera las funciones propias de estos profesionales.

El presidente de la AMPR, Víctor M. Bonilla Sánchez, indicó que la política no atiende los problemas estructurales del sistema educativo y podría afectar tanto al estudiantado como al personal escolar. “No se puede pretender resolver la falta de personal docente a costa de debilitar servicios esenciales, como el apoyo socioemocional, la orientación y el acceso a recursos educativos”, expresó.

El gremio explicó que la carta circular establece que estos profesionales deberán cubrir clases en ausencia de maestros, lo que, a su juicio, interfiere con responsabilidades relacionadas a la salud mental, el entorno familiar, la conducta y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Además, la AMPR señaló que había manifestado su oposición a esta disposición desde el pasado 3 de marzo, previo a su emisión oficial, y sostuvo que la medida entra en conflicto con normativas vigentes que delimitan las funciones de estos profesionales dentro del sistema escolar.

Por su parte, el secretario general de la Local Sindical, Ángel Javier Pérez Hernández, advirtió que desviar a este personal de sus funciones deja desatendidas áreas críticas. “Cuando se les desvía de sus responsabilidades para cubrir ausencias, se deja desprovistos a estudiantes que necesitan atención inmediata”, sostuvo.

La organización reiteró su llamado al Departamento de Educación para que revierta la medida y abra un proceso de diálogo con los profesionales afectados, con el fin de evaluar alternativas que atiendan las necesidades del sistema educativo.