No comparece y Senado activa desacato en pesquisa del vertedero de Carolina 

El Senado de Puerto Rico activó un proceso de desacato contra el licenciado Luis González Ortiz, oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), luego de que no compareciera a una vista pública clave sobre la expansión del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina.

La incomparecencia ocurrió durante los trabajos de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, que investiga el caso al amparo de la Resolución del Senado 2.

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González Ortiz había sido citado como único deponente, primero mediante el Sargento de Armas el pasado 20 de marzo y posteriormente a través de una citación personal.

Según la presidenta de la comisión, la senadora novoprogresista, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, el funcionario mostró previamente una actitud “hostil” y se negó a contestar preguntas, lo que llevó a reforzar la citación. A pesar de ello, no acudió a la vista.

“Ante la actitud hostil y negación de contestar preguntas de la comisión fue citado personalmente… y no compareció. Conforme a las disposiciones del Código Político se ordena que se proceda a través del tribunal… y se solicite el desacato correspondiente”, expresó la senadora.

Asimismo, el senador penepé, Ángel Toledo López explicó que la Comisión ya había recurrido al tribunal para garantizar la comparecencia del funcionario, logrando una orden judicial que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

“El tribunal emitió una orden… el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación… dejando en vigor la vista que estamos celebrando hoy. A pesar de eso, el licenciado decidió no comparecer”, sostuvo, al solicitar que se le declare en desacato, se impongan sanciones y se ordene nuevamente su comparecencia.

Por su parte, el senador independiente, Eliezer Molina Pérez también levantó preocupaciones sobre las determinaciones del funcionario en el caso y urgió a que las agencias rindan cuentas.

“Las determinaciones que él ha tomado en relación a este caso particular son sumamente preocupantes… llegó el momento en el que aquí las agencias respondan”, expresó.

La investigación legislativa busca esclarecer el proceso de permisos y los posibles impactos ambientales y de salud pública asociados a la expansión del vertedero de Carolina. La pesquisa surge en medio de preocupaciones sobre el uso de terrenos ecológicamente sensibles, incluyendo áreas protegidas, zonas arqueológicas y áreas sobre acuíferos.

En vistas previas, expertos, comunidades y legisladores han advertido sobre riesgos relacionados con la filtración de lixiviados, posible contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en el manejo de desperdicios. Mientras, agencias y operadores han sostenido que el proyecto cumple con la reglamentación vigente.

Así las cosas, Jiménez Santoni reiteró que la Comisión continuará utilizando todos los mecanismos disponibles para garantizar la comparecencia de los deponentes y el acceso a la información necesaria como parte de la investigación.