Los representantes Ángel Fourquet Cordero y Estrella Martínez Soto enviaron requerimientos formales de información a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y a la aseguradora ASC, tras surgir preocupaciones sobre posibles irregularidades en el pago de inspecciones y la emisión de marbetes en el centro Yabucoa Auto Service (HM 0101).
Los legisladores solicitaron detalles sobre el proceso de reclamaciones por accidentes automovilísticos, así como información sobre posibles casos relacionados con marbetes expedidos por dicho centro.
Además, requirieron conocer los remedios disponibles para personas lesionadas que pudieran verse afectadas si el seguro compulsorio o la cubierta correspondiente no estuviera vigente.
“Ante las interrogantes que han surgido, nuestro deber es garantizar que ningún ciudadano quede desprotegido al momento de sufrir un accidente por confiar en un centro de inspección autorizado”, expresó Fourquet.
“Queremos conocer si existen reclamaciones vinculadas a marbetes expedidos por este centro y cuáles son las protecciones disponibles para los conductores y víctimas de accidentes”, añadió.
En las cartas, también solicitaron información sobre las leyes aplicables a accidentes automovilísticos, la cantidad de reclamaciones —de existir— relacionadas con marbetes emitidos por el centro HM 0101, y las posibles consecuencias legales para un centro de inspección que no cumpla con los pagos correspondientes a las cubiertas de seguro requeridas por ley.
Por su parte, Martínez Soto subrayó que la iniciativa busca garantizar transparencia y proteger a las personas que podrían verse afectadas por irregularidades en el proceso de inspección vehicular.
“Es importante saber qué ocurre cuando una persona compra su marbete confiando en que todo está en regla y luego ocurre un accidente. Queremos conocer qué remedios existen para los lesionados si el marbete o el seguro resultan ser fraudulentos o no fueron procesados correctamente”, sostuvo.
Los requerimientos se realizaron al amparo de la Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que establece un término de diez días laborables para que las entidades gubernamentales provean la información solicitada.
Los legisladores indicaron que, una vez reciban los datos, evaluarán los próximos pasos para asegurar que los conductores y víctimas de accidentes cuenten con las protecciones que dispone la ley.
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