Agencias de gobierno apoyan restringir acceso a redes sociales a menores de edad 

El Departamento de la Familia respaldó la aprobación de un bloque de proyectos legislativos que buscan reforzar las protecciones cibernéticas de menores, incluyendo una propuesta que establece los 16 años como edad mínima para acceder a plataformas de redes sociales.

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Tres proyectos fueron presentados por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, quien destacó la falta de regulaciones y la vulnerabilidad de los menores ante la violencia cibernética, un problema que, según él, se ha agravado con la acelerada transformación digital.

“Se entiende pertinente y meritorio adoptar cuantas medidas sean necesarias al un padre, madre o custodio determinar brindarle acceso al mundo digital a un menor de edad”, opinó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. “Esta población resulta ser la más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que se valen de estos medios”, abundó.

El análisis se basó en tres iniciativas:

• Proyecto de la Cámara 977, que busca exigir a las tiendas virtuales verificar la edad de sus usuarios al descargar aplicaciones móviles, con consentimiento parental para menores de 18 años.
• Proyecto de la Cámara 978, que procura sentar el “deber de cuidado digital” para plataformas digitales.
• Proyecto de la Cámara 1136, que pretende disponer la edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales, con multas a proveedores de hasta $20,000 por infracción.

“El propósito fundamental es crear una red de seguridad digital donde la responsabilidad legal recaiga exclusivamente en las plataformas y no en los menores o sus tutores”, afirmó Navarro Suárez sobre el Proyecto de la Cámara 1136.

Las medidas recibieron recomendaciones de varias agencias durante vistas de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, presidida por Edgar Robles Rivera. Entre ellas, el Negociado de Telecomunicaciones (NET) destacó la importancia de las iniciativas, pero instó a minimizar posibles conflictos constitucionales.

El presidente del NET, Osvaldo Soto, sugirió incluir criterios sobre características adictivas de las redes sociales, como el “scrolling” infinito, notificaciones de actividades, reproducciones automáticas de videos y métricas interactivas personales.

Además, afirmó que la División de Querellas del NET tiene facultad para imponer multas administrativas de hasta $25,000 por violaciones a la normativa.

Soto indicó que han sostenido reuniones con representantes de Instagram, TikTok y Meta para evaluar mecanismos que cumplan con la Ley 185-2024, conocida como Ley para la Protección de la Privacidad Cibernética de los Niños y Jóvenes.

Según el NET, Instagram implementará a finales de este año una herramienta que notificará a padres o tutores cuando un menor busque contenido relacionado con suicidio o autolesiones.

Por su parte, WhatsApp planea habilitar un código exclusivo para que los progenitores tengan “control absoluto” sobre las cuentas de los menores.

“Entiéndase, quién lo contacta; qué conversa; a qué grupos se une, etcétera. Así que nosotros estamos encaminados a seguir estas conversaciones con todas las plataformas”, pronunció Soto. “Esto no es una legislación nueva, y ellos han accedido a poner mecanismos de control”, añadió.

Sin embargo, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS) manifestó su oposición a las legislaciones tras señalar que las iniciativas no están fundamentadas en evidencia rigurosa y tampoco consideran el impacto diferenciado sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la Junta Directiva del CPTS, Lydael Vega, criticó la falta de alternativas a la restricción para los grupos que se identifican como los más susceptibles a los daños del entorno digital, pero también como los que más dependen del acceso digital para su seguridad, conexión y desarrollo.

“Las respuestas que parten de la restricción, sin considerar las causas estructurales de la vulnerabilidad, sin consultar a las personas afectadas, y sin proveer alternativas reales, producen consecuencias no deseadas que recaen siempre con mayor peso sobre las poblaciones que ya cargan con las mayores desigualdades”, sostuvo Vega.

Por su parte, el teniente Luis Maldonado, jefe de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, indicó que implementar estas políticas requeriría recursos y estructuras de supervisión que actualmente no forman parte de la capacidad operativa de la agencia.

Maldonado afirmó que la Uniformada apoya mecanismos de control parental, pero subrayó que las regulaciones deben evitar revictimizar a los padres o responsabilizarlos por conductas dentro de plataformas diseñadas por empresas tecnológicas.

Las representantes Estrella Martínez Soto y Lisie Burgos Muñiz también mostraron reservas con las medidas tras coincidir en que las iniciativas propuestas pudieran integrarse mediante enmiendas a la Ley 185.