Banca cuestiona intervención del gobierno en operaciones privadas por proyecto sobre transferencias electrónicas 

La presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, cuestionó la intervención del gobierno en decisiones operacionales de la banca a raíz del Proyecto de la Cámara 1176, que propone aumentar de $500 a $1,000 el límite diario de transferencias electrónicas entre personas.

Durante una entrevista en Metro al Mediodía, que podrás ver hoy martes, Álvarez Rubio sostuvo que la propuesta legislativa representa una intromisión en una operación privada que tradicionalmente se define mediante criterios de negocio, seguridad financiera y análisis de riesgo.

“No es una cuestión de la cantidad… es la intromisión del gobierno a las operaciones de una industria privada que toma muchos factores para descifrar cuál es el mínimo aceptable”, expresó.

Según explicó, los límites actuales responden a evaluaciones internas relacionadas con prevención de fraude, capacidad operativa y manejo de riesgos dentro de las instituciones financieras.

Critican imposición legislativa

Álvarez Rubio indicó que la iniciativa tomó por sorpresa al sector bancario y aseguró que la industria no fue consultada previamente sobre la medida.

La líder del sector sostuvo que elevar el límite podría aumentar los riesgos de fraude y complicar los procesos de monitoreo de transacciones.

“El promedio de las transferencias entre individuos es de $100 o menos, por lo que no existe una necesidad real de elevar el límite”, afirmó.

Añadió que, cuando ocurren incidentes de fraude, son las instituciones financieras las que deben investigar los casos y responder ante los clientes afectados.

“Ahora hay un dolor de cabeza cuando se paraliza una cuenta por $500. Imagínate cuando una persona se vea desprovista de $1,000”, advirtió.

Debate sobre autonomía empresarial

La presidenta de la Asociación de Bancos también señaló que permitir este tipo de regulación podría sentar un precedente de intervención gubernamental en operaciones privadas.

“Esto es una puerta que es muy peligrosa abrir”, sostuvo, al advertir que podría abrir la puerta a regulaciones más detalladas sobre cómo operan las empresas.

A su juicio, los límites de transacciones deben seguir siendo decisiones empresariales basadas en análisis de comportamiento del consumidor, manejo de riesgo y capacidad tecnológica de cada institución.

“Un banco puede decidir subirlo mañana, pero tiene que ser una decisión del negocio”, concluyó.

La ejecutiva dijo estar convencida de que la propuesta no representa la política pública del Ejecutivo, pues señaló se trata de una propuesta típica de modelos de gobiernos con gran control sobre las personas. Recordó que la gobernadora Jenniffer González es republicana y que ha manifestado que su administración es pro desarrollo económico.

El Proyecto de la Cámara 1176 continúa su trámite legislativo y deberá evaluarse en la Cámara de Representantes antes de determinar si se convierte en ley.