Junta advierte desaceleración económica y riesgos fiscales pese a recaudos sobre lo proyectado 

La economía de Puerto Rico muestra señales de desaceleración y enfrentaría riesgos fiscales significativos a mediano plazo, pese a que los recaudos del gobierno superaron las proyecciones del Plan Fiscal durante el primer trimestre del año fiscal 2026, según el más reciente informe trimestral de la Junta de Supervisión Fiscal.

El documento indica que los ingresos del Fondo General alcanzaron $2.7 mil millones en el primer trimestre, lo que representa un 3% por encima de lo proyectado en el Plan Fiscal certificado en 2024. Sin embargo, la cifra es 8% menor que la registrada en el mismo periodo del año fiscal anterior.

“Aunque los recaudos del primer trimestre permanecen por encima de las proyecciones del Plan Fiscal, la caída interanual subraya la volatilidad persistente”, lee el documento.

La Junta señaló que el desempeño favorable frente a las proyecciones se debió principalmente a recaudos mayores de lo esperado en contribuciones sobre ingresos y al comportamiento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), impulsado por la actividad del mercado laboral y el consumo. No obstante, otros renglones contributivos, como las contribuciones corporativas y algunos arbitrios, reflejaron resultados más débiles.

En términos económicos, el informe advierte que la actividad económica de la isla continúa creciendo a un ritmo muy moderado. Datos preliminares de la Junta de Planificación apuntan a que el Producto Nacional Bruto real creció apenas 0.4% en el año fiscal 2025, muy por debajo del crecimiento de 1.6% registrado en 2024, y se proyecta que el crecimiento se mantenga en niveles similares durante el año fiscal 2026.

Otros indicadores sugieren una economía estancada. El Índice de Actividad Económica reportó una ligera caída en el primer trimestre del año fiscal 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. A la vez, el empleo en la isla creció 0.9% durante el año fiscal 2025, aunque en los primeros meses de 2026 se ha observado una leve reducción en el número de empleos.

El informe también resalta retos estructurales persistentes en el mercado laboral. La tasa de participación laboral en Puerto Rico se mantiene en 44.9%, muy por debajo del 62.3% registrado en Estados Unidos, una brecha que la Junta atribuye a factores como limitaciones en servicios de cuido, disparidades regionales en oportunidades de empleo y barreras estructurales en el mercado laboral.

En cuanto a la liquidez del gobierno, el documento señala que la Cuenta Única del Tesoro (TSA) —la principal cuenta operacional del gobierno— tenía un balance de $10.7 mil millones al 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, la Junta aclaró que aproximadamente 76% de esos fondos están restringidos o comprometidos para usos específicos, mientras que alrededor de $1,000 millones se mantienen como reserva mínima operacional.

Uno de los principales riesgos identificados en el informe es la alta dependencia de Puerto Rico en fondos federales. En los últimos años, la isla ha recibido más de $120 mil millones en fondos federales de recuperación y estímulo económico, gran parte de ellos vinculados a la reconstrucción tras desastres naturales y a programas de alivio por la pandemia.

No obstante, el informe destaca que 58% de los fondos de reconstrucción aún no se han desembolsado, y advierte que el crecimiento económico podría desacelerarse una vez se reduzca el flujo de esos recursos.

A mediano plazo, la Junta también advierte sobre varios riesgos fiscales que podrían afectar la estabilidad presupuestaria del gobierno. Entre ellos destaca el llamado “precipicio fiscal” de Medicaid, que podría materializarse a partir de 2028 si no se extiende el financiamiento federal actual. De ocurrir, el gobierno de Puerto Rico tendría que asumir una proporción significativamente mayor de los costos del programa de salud.

Además, el informe menciona presiones adicionales sobre el presupuesto relacionadas con el costo creciente del Crédito por Trabajo (EITC), el financiamiento de agencias públicas, el apoyo a municipios y a la Universidad de Puerto Rico, así como posibles obligaciones relacionadas con el sistema eléctrico.

Finalmente, el informe advierte que el crecimiento económico a largo plazo dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para mejorar la productividad, fortalecer la fuerza laboral y ejecutar de manera eficiente los fondos federales disponibles.

“Aumentar el gasto o reducir los ingresos sin una fuente de financiamiento sostenible y recurrente podría provocar un desequilibrio presupuestario antes del año fiscal 2029”, advierte el documento.