La familia de Roberto Viqueira acudió a La Fortaleza para entregar una carta a la gobernadora Jenniffer González, donde solicitan una reunión oficial para dialogar sobre la posibilidad de revisión del fallo absolutorio emitido durante el juicio por la muerte del biólogo.
La viuda Moshayra Vicente Cruz, junto a sus hijos, acudió esta mañana a La Fortaleza para entregar personalmente una carta dirigida a la gobernadora. Según expresó la familia, la entrega de la carta en mano representa un reclamo de justicia y, a la vez, un acto de confianza en las instituciones democráticas del país.
La solicitud surge tras el fallo absolutorio emitido el pasado 6 de febrero de 2026 por el juez Ángel M. Llavona, en el caso contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez.
Según se detalla en la carta, la familia sostuvo previamente una reunión el 18 de febrero de 2026 con la secretaria de Justicia, el jefe de los fiscales y el procurador general, con el propósito de auscultar la posibilidad de elevar el caso a revisión judicial. Sin embargo, la gestión no prosperó.
En su comunicación, Moshayra Vicente Cruz plantea que la controversia jurídica que sustentó la absolución, basada en la figura de legítima defensa, presenta interrogantes legales sustanciales que, a su juicio, ameritan ser examinadas por un foro revisor.
La familia señaló en declaraciones escritas que la petición no busca alterar la independencia judicial ni anticipar resultados, sino procurar que la controversia sea evaluada formalmente por los tribunales apelativos correspondientes.
“La solicitud que hacemos no pretende interferir con la función judicial. Lo que pedimos es que la justicia tenga la oportunidad de revisarse y que sea un tribunal quien determine finalmente si procede o no esa evaluación”, expresó Vicente Cruz.
La carta enfatiza que la gestión se realiza con absoluto respeto al principio constitucional de separación de poderes y reconoce el carácter excepcional de los recursos apelativos en casos de absolución. Sin embargo, sostiene que la evolución del derecho ha dependido históricamente de que controversias jurídicas complejas sean sometidas al análisis de tribunales superiores cuando existen planteamientos novedosos o de alto interés público.
“En momentos en que Puerto Rico atraviesa por tantos conflictos sociales, nuestra solicitud responde también al interés de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y de asegurar que el sistema judicial sea percibido como accesible, transparente y dispuesto a examinar controversias jurídicas significativas”, añadió Moshayra Vicente Cruz.
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