Administradora de la CFSE afirma que operaciones del Fondo no se afectan por caso Phoenix Fund 

La administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid Ortiz, defendió las gestiones de la agencia tras el reclamo judicial relacionado con los préstamos otorgados al fondo Phoenix Fund y sostuvo que la actual administración detectó el incumplimiento meses después de asumir funciones, lo que dio paso a querellas regulatorias e investigaciones internas antes de iniciar el proceso de cobro.

Las expresiones surgieron en entrevista con Metro Puerto Rico luego de que trascendiera la demanda radicada por la corporación pública para recuperar cerca de $100 millones vinculados a financiamientos concedidos en años anteriores.

Ortiz indicó que las inversiones no fueron aprobadas por su administración y que correspondieron a decisiones de la junta de gobierno bajo administraciones previas.

“Estas inversiones fueron en el 2019, realizamos una demanda para el cobro del dinero de los intereses que no hemos recibido y los 80 millones invertidos. Así que nosotros estamos en el proceso de ese recobro”, dijo.

La funcionaria afirmó que al asumir el cargo no recibió información durante la transición sobre el incumplimiento y que la corporación descubrió la situación posteriormente.

“Cuando esta administración entró en febrero, pocos meses después abrimos conocimiento donde Phoenix Fund estaba incumpliendo con sus pagos de intereses. Esa información no la recibimos en el proceso de transición”, aseguró.

Según explicó, tras identificar el problema la CFSE presentó una querella ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y activó su Oficina de Auditoría, cuyo informe fue referido a las autoridades correspondientes. Evitó detallar hallazgos por tratarse de procesos en curso.

Solvencia y servicios

Ante cuestionamientos sobre el impacto en beneficios, sostuvo que la situación no compromete las operaciones ni la estabilidad financiera de la CFSE.

“La corporación no se afecta en su solvencia económica ni en sus operaciones… está capacitada para continuar operando y responder a los patronos lesionados y empleados”.

Añadió que la agencia continuará el proceso judicial mientras mantiene sus servicios y operaciones regulares.

Junta de gobierno autorizó las inversiones

La administradora sostuvo que la junta de gobierno vigente en 2019 y 2020, junto a sus asesores financieros, tomó la determinación de invertir y conceder los préstamos.

A preguntas sobre posibles irregularidades, confirmó que la corporación investigó la transacción pero indicó que no podía discutir detalles para no afectar los procesos investigativos. También señaló que la administración pasada no mantuvo seguimiento al cumplimiento de pagos de intereses.

Ortiz afirmó que los abogados evalúan las vías disponibles para recuperar el dinero y que la corporación buscará que se designe un síndico al fondo dentro del proceso legal.

“Vamos a hacer todo lo posible para que se le asigne un síndico a Phoenix Fund y nosotros recobremos el dinero, vamos a ir a todos los foros correspondientes y dotar todos los recursos necesarios”, comentó .

No ofreció un estimado de tiempo para la resolución del caso y explicó que cada etapa requiere análisis legal, aseguró.

Cambios en controles y supervisión

La administradora aseguró que la corporación modificó su supervisión sobre inversiones. Indicó que la junta actual utiliza nuevos asesores y recibe informes trimestrales para verificar cumplimiento contractual y rendimiento.

Expresó que las inversiones recientes han pagado intereses y que ahora existe monitoreo continuo sobre los contratos.

Phoenix Fund en se acoge a quiebra

Mientras la corporación pública mantiene el proceso de cobro, el escenario legal cambió el lunes, 23 de febrero de 2026, cuando The Phoenix Fund LLC solicitó protección bajo el Capítulo 11 del Código federal de Quiebras en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico (caso 26-00712).

La empresa, con dirección en Guaynabo y descrita en la petición como compañía de inversión y asesoría, reportó activos por $565,903,423 y pasivos por $400,867,404.60. El expediente inicial detalla $139,505,001 en deuda asegurada y $261,353,983.60 en reclamaciones no garantizadas no prioritarias, con entre uno y 49 acreedores.

Dentro de la lista de los 20 mayores acreedores no garantizados, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado figura en la primera posición con una reclamación de $99.5 millones relacionada con préstamos y garantías.

Aquí puedes ver la entrevista que se realizó antes de conocerse el proceso de quiebra