¿Debe la Legislatura retomar el control del salario mínimo? 

El Proyecto de la Cámara 1115 reactivó la discusión sobre quién debe fijar el salario mínimo en Puerto Rico. La medida propone derogar la Ley 47 de 2021, conocida como la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo para devolver esa facultad a la Asamblea Legislativa.

El autor del proyecto, el representante Roberto López Román, aseguró que la iniciativa surge tras reclamos de pequeños y medianos comerciantes de su distrito que cuestionaron la composición y el funcionamiento de la comisión. A su juicio, el organismo carece de legitimidad democrática porque no responde directamente al electorado.

“No le rinden cuentas a nadie. No es como nosotros”, expresó López Román a Metro Puerto Rico. El legislador insistió en que su intención no es reducir el salario mínimo vigente.

El proyecto no modifica el salario mínimo de $10.50 por hora. La medida se limita a eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y devolver, a la Asamblea Legislativa, la facultad de fijarlo o revisarlo en el futuro.

“En el gobierno, tenemos la capacidad de recibir todos los puntos de vista. Los grupos de interés, los negocios, también la parte de las uniones, o cualquier ciudadano particular. Podemos unir todas esas presentaciones que nos están dando, todas esas ideas, y llegar a lo que uno entiende que sería lo mejor para el pueblo”, comentó.

Por el momento, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos analiza la medida para expresarse próximamente en el proceso legislativo.

Respaldo del sector empresarial

Diez organizaciones del sector privado presentaron una ponencia conjunta ante la Comisión de Asuntos Laborales en respaldo al Proyecto de la Cámara 1115. En el documento, establecen que la Comisión Evaluadora ha operado sin contar con la totalidad de sus miembros y con un cuórum reducido, lo que permitió que, en 2024, una determinación con impacto económico fuera adoptada por tres integrantes, con el voto en contra del entonces secretario del Trabajo.

La ponencia plantea que la comisión carece de representatividad adecuada y que su diseño no fue ampliamente discutido durante el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la Ley 47 de 2021. También señala que la comisión nunca ha contado con todos sus integrantes y que algunos nombramientos han vencido o están próximos a vencer.

Los gremios argumentan además que, a la luz de recientes decisiones del Tribunal Supremo federal sobre delegación de poderes administrativos, el modelo de una comisión independiente con amplias facultades podría enfrentar cuestionamientos jurídicos. Añaden que las determinaciones del organismo tendrían que ser consistentes con el Plan Fiscal bajo PROMESA, lo que implicaría una revisión adicional y, a su juicio, convertiría el mecanismo en una capa burocrática innecesaria.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, sostuvo que la comisión no ha cumplido con la composición que exige la ley.

“Nosotros en la Cámara de Comercio estamos a favor de este proyecto porque entendemos que, por un lado, los asuntos de salario no deben depender de una comisión que no es representativa y que no ha tenido ni siquiera su composición, que requiere la ley que la creó”, indicó.

Ramírez Báez vinculó el tema con la política pública de reducción de burocracia y defendió que el salario mínimo puede atenderse mediante legislación, sin necesidad de una comisión adicional.

“Me parece que los asuntos de salario deben descansar en decisiones consensuadas, pero también a través de legislaciones puntuales de la Legislatura de Puerto Rico [...] El salario es como los precios en el mercado y lo debe determinar el mercado, cuáles son los que requieren los puestos y quiénes están disponibles para asumir esos en el mercado. El Estado debe dejar de crear canales y de crear burocracia en procesos que ordinariamente son distribución y que también han tenido por el mercado”, concluyó.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, también respaldó el Proyecto de la Cámara 1115, aunque advirtió que rechaza cualquier intento de aumentar el salario mínimo sin considerar la realidad económica local.

“Realmente es algo sumamente delicado porque lo que están buscando diferentes grupos constituyentes es aumentar el salario mínimo y ya Puerto Rico se ha salido de la capacidad competitiva porque yo puedo, en mi negocio mucho más, pero no todo el mundo puede [...] Yo respaldo el proyecto de la Cámara de que se devuelva (al Estado), pero rechazo tenazmente que haya otro intento solapado para simplemente aumentar el salario mínimo”, afirmó.

Barquín III señaló además que la comisión no cuenta con la representación completa que establece la ley.

“Lo que es cierto es que la falta de representación, como si no fuese suficiente, el desbalance en esa comisión se agravó por el asunto del volumen requerido para su operación. Hasta esta fecha, esa comisión debía de tener representación de la empresa privada, pero sigue sin contar con la totalidad de sus integrantes y ni tan siquiera ha podido cumplir con el mínimo balance que se pretendió en su creación”, sostuvo.

Por su parte, el abogado y portavoz de la Society for Human Resource Management (SHRM), capítulo de Puerto Rico, Alberto Bayouth, indicó que la organización apoya el proyecto de ley.

“El proyecto lo vimos, lo analizamos, y apoyamos la medida [...] De lo que hemos visto y se ha discutido, no vemos el tema de una disminución al salario, eso no se ve como que fuese una posibilidad”, expresó.

Según Bayouth, la medida restituye a la Legislatura la facultad de atender un asunto de alto impacto económico y amplía la participación de distintos sectores.

“La forma en que lo interpretamos, más bien, es que, al devolverle esa función a la Legislatura, es una cuestión de la apertura de esos procesos y que todo el mundo pueda participar. No simplemente dejarlo en un grupo pequeño de funcionarios que no fueron electos por el pueblo”, indicó.

En la misma línea, el presidente de Advantage Business Consulting, Vicente “Chenti” Feliciano, sostuvo que la decisión debe recaer en la Legislatura.

“Creo que las decisiones de salario mínimo son unas decisiones de política pública que debe tomar la Legislatura”, dijo.

Añadió que el debate no gira tanto en torno a la cifra actual, sino a quién tiene la facultad de fijarla y a la competitividad de la isla.

“Lo que estamos hablando no es tanto de un asunto de cuánto debe ser el salario mínimo, sino quién debe determinar eso [...] Había una época donde se hablaba del salario mínimo federal como algo bien alto. Hoy día, el federal está en $7.25; el de Puerto Rico en $10.50. Precisamente, la preocupación legítima es que llegue un momento donde se coloque a Puerto Rico fuera de competencia”, sostuvo.

Postura del Ejecutivo

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, informó que la agencia realiza un análisis preliminar del proyecto.

“En este momento, nos encontramos realizando un análisis preliminar de la medida para rendir los comentarios a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, quienes tienen el proyecto ante su consideración”, estableció por escrito.

Indicó además que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo celebró su reunión mensual el 12 de febrero de 2026.

“En esta, se discutieron diversos asuntos relacionados a sus funciones, según las establece la Ley 47 de 2021”, señaló.

Por su parte, la oficina de la coordinadora de eficiencia, Verónica Ferraiuoli Hornedo, confirmó que no tiene injerencia en el asunto.

“Como parte de las responsabilidades que tiene asignadas, en sus posiciones, no tiene injerencia en ese tema”.

Reacción política

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, expresó, en entrevista Punto por Punto, la oposición del Partido Popular Democrático a cualquier medida que pueda interpretarse como un debilitamiento del salario mínimo.

“La resolución es específicamente en contra de esa propuesta de un representante del Partido Nuevo Progresista. El representante Héctor Ferrer, quien impulsó esa resolución, ha dicho que aprobar esa legislación sería un retroceso y probablemente sería un primer paso hacia retroceder en cuanto al salario mínimo”, expresó. Añadió que la discusión es inoportuna.