UPR dice sí a internacionalización virtual, pero exige autonomía y recursos 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) evaluó el Proyecto de la Cámara 993, presentado por la representante Tatiana Pérez Ramírez, que busca crear la Oficina de Internacionalización Virtual (OIV) y un Fondo Especial de Educación Virtual Internacional con una asignación inicial de diez millones de dólares.

La medida pretende ofrecer programas 100% en línea a estudiantes fuera de Puerto Rico, incluyendo la diáspora puertorriqueña, residentes de los Estados Unidos, territorios no incorporados y países de habla hispana.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, reconoció que el proyecto ofrece “una oportunidad real para ampliar la matrícula fuera de Puerto Rico, diversificar ingresos institucionales y fortalecer la proyección global de la Universidad”. Sin embargo, subrayó que cualquier expansión debe respetar la autonomía universitaria y contar con recursos adecuados:

“Toda política pública relacionada con la oferta académica debe respetar el principio de autonomía universitaria consagrado en la Ley de la Universidad de Puerto Rico y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico”, explicó.

La Universidad destacó que su estructura actual, a través de la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia y las divisiones de educación continua de cada recinto, ya posee experiencia en educación virtual y manejo de fondos multimillonarios.

Por ello, Jordán Conde señaló que “el personal y las divisiones existentes ya cuentan con la experiencia técnica, administrativa y operacional necesaria para asumir iniciativas adicionales de educación virtual, incluyendo aquellas con proyección internacional, sin duplicar funciones ni generar costos fijos adicionales”.

Entre las recomendaciones de la UPR, se incluye que la OIV tenga un rol estratégico y de coordinación, sin tomar decisiones académicas unilaterales, que los recintos participen directamente en la oferta virtual, y que el Fondo Especial reciba asignaciones recurrentes para protegerlo de recortes presupuestarios.

La presidenta enfatizó que el personal adscrito debe mantener “los mismos derechos, deberes y protecciones que el resto de la plantilla universitaria, conforme a la normativa vigente”.

Con estas condiciones, la Universidad estaría en posición de respaldar la medida como “un mecanismo responsable, sostenible y coherente con nuestra misión pública y nuestro rol histórico como principal institución de educación superior de Puerto Rico”, concluyó Jordán Conde.

DDEC respalda objetivos pero subraya análisis fiscal

Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presentó su propio análisis de la medida incluyendo la Resolución de la Cámara 134, la cual propone ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico la creación de un “Recinto Virtual” dentro del sistema universitario público.

Luis Méndez del Nido, asesor legal general, indicó que ambas iniciativas —P. de la C. 993 y R. C. de la C. 134— buscan fortalecer y expandir la educación virtual, pero con enfoques distintos: la P. de la C. 993 establece un marco legislativo para crear la OIV y un fondo especial, mientras la R. C. de la C. 134 ordena la creación de un “Recinto Virtual” sin alterar la ley orgánica, imponiendo términos específicos para su implantación.

Méndez del Nido destacó que “cualquier determinación legislativa en esta materia debe estar sujeta a un análisis riguroso de impacto fiscal, considerando el costo inicial, las fuentes de financiamiento y la autosustentabilidad a corto, mediano y largo plazo”. Además, señaló que la expansión virtual representa una herramienta estratégica para aumentar la competitividad de los recursos humanos, retener y atraer talento, y generar actividad económica vinculada a servicios académicos, tecnológicos y profesionales.

El DDEC aclaró que respeta la autonomía de la Universidad y que corresponde a la Junta de Gobierno y a los órganos rectores determinar cuál modelo estructural es más adecuado para alcanzar los objetivos de internacionalización y diversificación de ingresos. La institución avala los fines de ambas medidas, pero su implementación deberá evaluarse cuidadosamente para evitar solapamientos, duplicaciones o impactos financieros negativos.