JSF cuestiona contrato de generación temporera y advierte que puede impedir su ejecución

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que podría impedir la ejecución del contrato de generación temporera, al concluir que persisten dudas sobre la capacidad financiera del contratista, la ausencia de investigaciones de trasfondo y el posible uso de fondos federales sin validación clara.

En una carta fechada el 13 de febrero de 2026, la Junta respondió al presidente de la Oficina de Compras de Terceros (3PPO), quien había cuestionado la autoridad del ente fiscal para requerir información adicional sobre el contrato otorgado a Power Expectations, LLC. La JSF rechazó ese planteamiento y afirmó que PROMESA le concede facultad amplia para revisar contratos y solicitar documentación cuando existan riesgos fiscales o inconsistencias con el Plan Fiscal.

“La Junta puede impedir la ejecución del contrato si identifica riesgos fiscales o incumplimientos con el Plan Fiscal”, sostiene la misiva.

Capacidad financiera y experiencia en entredicho

Según la carta, la documentación recibida refleja que Power Expectations presenta capacidad financiera limitada y experiencia restringida en proyectos energéticos de gran escala, lo que había sido señalado previamente por evaluadores.

La Junta también menciona que existen cuestionamientos públicos sobre el principal de la empresa que no habrían sido divulgados durante el proceso de evaluación, lo que —según el organismo— refuerza la necesidad de una revisión más rigurosa.

Otro señalamiento medular es que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) reconoció que no realizó investigaciones de trasfondo ni “due diligence” independiente sobre los participantes del proceso.

Asimismo, el Negociado de Energía indicó que su evaluación fue estrictamente regulatoria y no incluyó un análisis integral de la estructura contractual o la capacidad financiera del proponente.

La Junta también cuestiona la estructura financiera del contrato, particularmente el uso proyectado de fondos federales para cubrir costos de interconexión.

El ente fiscal pidió aclaraciones sobre:

Si los fondos están aprobados y son elegibles,
Si el proceso cumple con requisitos federales (2 CFR 200), y
Cómo variaría el precio final del contrato si esos recursos no se materializan.

Comparaciones con Whitefish

La carta menciona que reportajes recientes han comparado el contrato con el polémico acuerdo otorgado a Whitefish tras el huracán María. Aunque la Junta aclara que no está haciendo una conclusión sobre esa comparación, señala que el contexto aumenta la necesidad de transparencia y escrutinio público.

Choque institucional

El intercambio marca un nuevo episodio de tensión entre la JSF y la 3PPO. Esta última había planteado posibles conflictos de interés en la revisión de la Junta. El ente fiscal respondió que ha implementado salvaguardas internas y cuenta con supervisión ética independiente para evitar cualquier conflicto.

La JSF reiteró que su revisión no sustituye los mecanismos de protesta del proceso de compras, pero sí forma parte de su mandato bajo PROMESA para asegurar responsabilidad fiscal.

La Junta dejó claro que continuará solicitando información adicional y que, de identificar incumplimientos o riesgos fiscales sustanciales, podría impedir la ejecución del contrato.

El contrato TPG2 busca suplir generación temporera adicional al sistema eléctrico en momentos en que la isla enfrenta limitaciones en capacidad disponible y múltiples proyectos de reconstrucción energética aún en curso.