La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el jueves la Ley 19-2026 para transferir a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) la facultad de expedir permisos para la extracción de arena, grava y piedra, y vetó dos proyectos del Senado al señalar que tendrían impacto fiscal o efectos legales cuestionables.
“Todos los servidores públicos merecen la compensación adecuada por sus servicios y los agentes del Departamento de Hacienda que laboran horas extra merecen nuestro reconocimiento y distinción. Sin embargo, en estos momentos históricos, conceder dichos beneficios, fuera del marco de una reforma contributiva integral, incrementaría el riesgo fiscal y la fragmentación del sistema contributivo”, dijo Jenniffer Aydin González Colón en declaraciones escritas.
La Ley 19-2026, que surge del Proyecto del Senado 79, enmienda la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra para traspasar del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a la Oficina de Gerencia de Permisos la autoridad para otorgar esos permisos. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mantendrá la facultad de fiscalización. La medida fue presentada por Thomas Rivera Schatz y Héctor González.
Además, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 10-2026, que autoriza la liberación de restricciones impuestas por la Ley 107-1974 sobre la finca La Trapa, en Las Marías, ante cambios en el uso del área donde ubica la propiedad. La medida fue presentada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez.
En cuanto a los vetos, rechazó el Proyecto del Senado 631, que buscaba extender el límite de responsabilidad civil por impericia médica a hospitales municipales o del Gobierno operados por entidades privadas, con efecto retroactivo al 21 de abril de 2015. Señaló que la cláusula de retroactividad podría afectar derechos adquiridos y pleitos en curso.
También vetó el Proyecto del Senado 685, que proponía eximir del pago de contribución sobre ingresos las horas extras de agentes especiales fiscales y agentes de rentas internas.
Según indicó, el Departamento de Hacienda estimó un impacto fiscal anual entre 343,000 y 373,000 dólares y advirtió que aprobar la medida sin identificar fuentes alternas de ingresos resultaría incompatible con el presupuesto balanceado certificado conforme a la Ley federal PROMESA.
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