Pinsy Rivera Ortiz asume presidencia de la Asociación de Constructores con agenda enfocada en permisología, costos e “income limits” 

En el marco de la celebración de su 75 aniversario, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) juramentó este jueves a su nueva presidenta, Pinsy Rivera Ortiz, quien delineó una agenda centrada en la reforma del sistema de permisos, la revisión del Plan de Uso de Terrenos (PUT), la discusión de los “income limits” federales para vivienda y la reducción de costos que impactan directamente el desarrollo de proyectos en la Isla.

Reforma de permisos y planificación territorial

En su mensaje oficial, Rivera Ortiz destacó que uno de los ejes centrales de su presidencia será la revisión del sistema de permisos, que describió como un proceso que necesita mayor agilidad y contacto directo entre evaluadores y desarrolladores.

“La permisología que tiene una revisión seria, que está en este proceso próximo a culminar, queremos que el proceso incluya un contacto con los técnicos que evalúen las solicitudes, ya que esto permite al desarrollador presentar su proyecto, aclarar dudas, revisar aspectos que señale el técnico, de manera que el proceso de evaluación sea más ágil”, comenzó la nueva presidenta.

Añadió que “la interacción humana hace la diferencia en términos de tiempo que tomar y recibir un permiso. Nos ayuda en tiempo, nos evita tener que escribir 50 emails para un mismo tema”.

De hecho, la gobernadora Jenniffer González Colón formó parte de la toma de posesión y ofreció un mensaje en el que defendió la necesidad de una transformación estructural del marco regulatorio para facilitar la inversión y reducir la incertidumbre jurídica.

“Nosotros estamos ya próximos a erradicar un nuevo Código de Permisos, una reforma de permisos que no se queda solamente en el papel o en el título del proyecto de ley”, anunció la gobernadora.

La mandataria detalló que el grupo de trabajo designado en diciembre ha “identificado un amplio entramado normativo” vinculado a la construcción.

“Para que tengan una idea, en esta revisión se han identificado 250 leyes que tienen que ver con construcción en Puerto Rico, y con permisos. ¡250 leyes! Somos una de las condiciones más reguladas en relación a esto. También más de 45 reglamentos que también tienen disposiciones no necesariamente contenidas en las leyes aprobadas”, precisó.

Según explicó, el nuevo Código permitiría consolidar disposiciones dispersas y uniformar criterios entre agencias, al tiempo que eliminaría el llamado “ping-pong interagencial”.

“La adopción de un nuevo Código de Permisos nos va a permitir compilar todas esas leyes, todas esas disposiciones que sean congruentes entre sí y que incidan en los procesos de permisos en un solo cuerpo legal coherente e instrumento que nos permita, primero, acabar con la fragmentación de las disposiciones en distintas leyes, en distintas agencias en una sola regla de juego”, dijo González Colón.

También adelantó que, como parte del proceso de la reforma de permisos, la Junta de Planificación deberá revisar el Plan de Ordenamiento Territorial.

Ante el anuncio, Rivera Ortiz expresó expectativa ante el contenido final de la reforma que impulsa la gobernadora.

“Lo que estamos es deseosos por ver cuál es la reforma de permisos, que todavía no la hemos visto. Pero sí hemos estado dialogando y estamos deseosos de verla. Estoy segura de que cualquier cosa es mejor que nada”, aseguró Rivera Ortiz.

Asimismo, calificó como “asunto neurálgico” la revisión del Plan de Uso del Terreno, y reiteró la necesidad de continuar impulsando cambios en los límites federales de ingresos para vivienda.

En su mensaje, ya advirtió que los actuales parámetros “afectan negativamente a las personas de escasos recursos y en la práctica, hacen insostenible la operación de proyectos de vivienda de interés social”.

Por esto, insistió en que el reclamo debe continuar en la capital federal.

“Hay que seguir luchando por los income limits. Puerto Rico está a nivel (...) no cae ni en la pobreza de Estados Unidos. O sea, no llegamos ni a ese nivel. Es muy triste de verdad”.

Costos y arbitrios

Además de la permisología y el PUT, Rivera Ortiz identificó como prioridad la reducción de costos que inciden directamente en la viabilidad de los proyectos, particularmente los arbitrios municipales.

“A mí me fascinaría poder lograr reducir los costos que tenemos en la industria de la construcción, sobre todo los impuestos (...) Hoy día es un 10 % en cualquier municipio y, o sea, te mata el proyecto”, describió Rivera Ortiz.

Asimismo, reconoció que el encarecimiento de materiales importados limita el margen de acción del sector.

“Los costos siguen subiendo, nosotros importamos todo (...) el cemento es un commodity que es regulado mundialmente. Nosotros, según vaya subiendo al mercado, vienen los costos. No podemos hacer mucho, (pero) entiendo yo, que se puede mejorar”, continuó.

En cuanto a la posibilidad de impulsar una reforma específica sobre los arbitrios de construcción, Rivera Ortiz sostuvo que el asunto debe discutirse directamente con los ejecutivos municipales y sus legislaturas locales.

“Yo pienso que eso se puede negociar con los alcaldes y los alcaldes pueden llevarlo a asambleas legislativas. Para que lo puedan, a ver qué dicen, si sí se puede o no. Pero debería de ser negociable”, concluyó la nueva presidenta.

Rivera Ortiz sucede en la presidencia de la ACPR a Agustín Rojo Montilla, quien lideró la organización durante el pasado término.