‘Cambian’ la compañía, siguen los problemas con el manejo de estorbos públicos 

Mientras Universal Properties Realty Government Services era investigada desde hace más de dos años por el Departamento de Justicia por sospechas de irregularidades en el manejo y expropiación de estorbos públicos municipales, cinco alcaldes —incluso el de Arroyo que le imputó acciones ilegales a la compañía— le dieron contratos a una nueva entidad corporativa, CRSG, LLC, a pesar de que sabían que en ella intervienen personas clave directamente relacionadas con Universal Properties.

Durante el 2025, Community Rehabilitation Strategical Group (CRSG, LLC) consiguió contratos con los municipios de Las Piedras, Arroyo, Aguadilla, Corozal y Aibonito, que han privatizado la administración del manejo de los estorbos públicos. La tarifa fija que CRSG cobra por la administración, gastos y limpieza de cada propiedad es $16,522.11, que debe registrarse como un gravamen sobre la propiedad expropiada y que asume quien compre la propiedad.

El vínculo entre ambas compañías se corroboró mediante documentos judiciales revisados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), así como con información presentada en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado y en entrevistas a alcaldes y empleados municipales. Esos nexos incluyen directivos y abogados de Universal que representan a CRSG en sus gestiones con los municipios y en la corte. Además, el 8 de agosto de 2025 CRSG pagó deudas contraídas por Universal Properties en la venta de estorbos públicos en el Municipio de Aibonito, cuando para ese momento aún no tenía contrato con CRSG.

El Departamento de Justicia (DJ) informó en enero de este año que no halló “evidencia suficiente que permita imputar conducta criminal ni a funcionarios públicos ni a las entidades privadas investigadas” tras culminar “una extensa investigación relacionada con alegadas irregularidades en la privatización de los procedimientos de declaración de propiedades como estorbos públicos”. Reconoció que las acciones de las compañías investigadas, entre ellas Universal Properties, generaron reclamaciones que incluyen incumplimientos contractuales, disputas por devolución de dinero y deficiencias en la ejecución de los contratos. El CPI solicitó una entrevista con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, o con la directora de División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), la fiscal Sonia Martínez Ortiz, pero al cierre de esta edición no se había concedido.

Al tiempo que CRSG ha conseguido nuevos contratos municipales, Universal Properties tiene en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una veintena de demandas —incluso dos con sentencias en rebeldía que le imponen pagos— por incumplimiento de contratos, daños y cobro de dinero iniciadas por personas que compraron estorbos públicos. Las demandas indican que Universal Properties no les entregó las propiedades a los compradores y tampoco les devolvió el dinero o se tardó en devolverlo, lo que les ocasionó daños, constató el CPI en los expedientes judiciales.

La suma de las reclamaciones pendientes contra Universal Properties, que el CPI pudo constatar en las demandas civiles radicadas, asciende a $1,673,345 que recibió de compradores a los que nunca se les entregó la propiedad o el dinero. Esta cifra no incluye el monto que se le reclama en daños o gastos legales a Universal Properties.

El 5 de noviembre de 2025, el juez superior Pedro Vidal Ríos sentenció a esta empresa a pagarle $35,000 al Municipio de Caguas, dinero que según el documento judicial “Universal Properties se apropió” del comprador de un estorbo público y que el ayuntamiento terminó pagando a esa persona luego de un acuerdo transaccional.

El Municipio de Caguas incluso creó un fondo especial para la reparación de agravios a consecuencia del incumplimiento de Universal Properties con compradores de estorbos públicos que se quedaron sin el inmueble y sin el dinero, informó el Municipio de Caguas. En sus mociones al Tribunal, el Municipio siempre ha sostenido que la responsabilidad de esa devolución debe recaer en Universal. Al menos en las tres sentencias que vio el CPI en las que el Municipio de Caguas ha llegado a acuerdos, el Tribunal le impone a Universal Properties el deber de reembolsar al Municipio, pero esto no ha ocurrido.

El director de la Oficina de Gestión y Registro de Bienes Inmuebles del Municipio de Caguas, Héctor López Marcano, indicó que el ayuntamiento separó $1,919,380 para la reparación de agravios. De esa partida presupuestaria, se han hecho pagos por $1,464,980. El Municipio demandó a Universal Properties por incumplimiento de contrato y para que responda por esas deudas. La empresa también le reclama incumplimiento de contrato a Caguas en una demanda civil.

El CPI vio al menos 16 casos de distintos municipios en los que Universal Properties se desentendió de las demandas en su contra, y no ha comparecido, por lo que el Tribunal le ha anotado rebeldía. En esos casos, los municipios de Caguas, Guayama, San Germán, Juncos y Arroyo han tenido que acudir como codemandados, lo que les ha conllevado gastos legales.

A pesar de las demandas civiles en las que se ha encontrado en rebeldía a Universal Properties por no comparecer, y en las que el Municipio de Arroyo figura como codemandado, el alcalde Eric Bachier Román contrató a CRSG en 2025. El coordinador del Programa de Manejo de Estorbos Públicos en Arroyo, Rafael A. Pérez Fernández, dijo al CPI que Abraham Freyre Medina, presidente de Universal Properties, es la persona que se presenta ante el Municipio como contacto de CRSG, junto a Joan M. González Rosario —quien tiene hijos en común con Freyre Medina— y otra persona de nombre Daniel González. González Rosario es la que firma el contrato de servicios con el Municipio de Arroyo.

Sí, pero no

En declaraciones escritas al CPI, la empresa reconoció que González Rosario “funge como portavoz y representante operativa de CRSG en asuntos administrativos, de comunicación y como enlace con los municipios” y que Freyre Medina ha sido asesor de la compañía “en procesos específicos relacionados a casos previamente manejados por Universal Properties, sobre los cuales CRSG decidió dar continuidad operacional”. Pero aseguró que CRSG es una entidad jurídica independiente que no tiene relación financiera con Universal Properties, que cuenta con su propia estructura administrativa y operativa y que no comparte capital, cuentas, activos, estructura financiera, control corporativo ni representación legal con Universal Properties.

Pero esa desvinculación no es tan transparente. En un contrato entre CRSG y el Municipio de Aibonito, se hace constar que CRSG “asumió los activos y obligaciones de Universal Properties”. El Municipio dice en el contrato que la empresa le mostró una declaración jurada firmada por su presidenta Yamilet Marie Rolón Molina, en la que sostiene que esa transacción comercial ocurrió. En sus declaraciones al CPI, CRSG no menciona haber adquirido activos y obligaciones de Universal Properties, como le certificó a Aibonito.

Tampoco se sostiene la afirmación de CRSG de que las corporaciones no comparten representación legal, ya que en representación de esa compañía ha acudido ante los tribunales la licenciada Kiara Talavera Rivera, quien a su vez ha sido abogada de Universal Properties, según consta en las demandas de expropiación.

El profesor de Derecho Luis Enrique Romero Nieves explicó al CPI que si hubo tal aceptación de activos y obligaciones, posiblemente hubo un “asset purchase agreement”, es decir, una compra de activos. Las dos corporaciones pueden subsistir y esto no releva de responsabilidad a Universal de las reclamaciones que tenga pendiente, mencionó.

“Posiblemente se han encaminado trámites para descapitalizar a Universal [Properties], que no tenga activos con los que responder”, dijo Romero Nieves al tratar de entender la transacción. También mencionó que, en la negociación interna entre Universal y la nueva entidad, se pudieron haber otorgado documentos de relevo. “Es decir, la nueva entidad dice ‘todo lo que yo adquiera no implica que yo adquiero tu responsabilidad civil, donde tú metiste la pata yo no respondo, yo solamente cojo lo bueno’”, teorizó Romero Nieves.

CRSG continúa los contratos de Universal Properties

Desde junio de 2024 hasta marzo de 2025, CRSG estuvo presidida por el agente de bienes raíces Simón Fernández Hernández quien es accionista de la compañía y según documentos judiciales revisados por el CPI, también estuvo en posiciones ejecutivas de Universal Properties al menos hasta finales de 2024. Fue sustituido en la presidencia de CRSG por Rolón Molina, quien según la empresa es la única dueña actual de la compañía.

CRSG es una compañía de responsabilidad limitada inscrita en el Departamento de Estado el 20 de mayo de 2021 bajo el propósito de ofrecer servicios de consultoría en administración en general y desarrollo de planes estratégicos de negocios y administrativos. Originalmente su agente residente, presidenta y secretaria era Isamar Correa Ruiz, una abogada ex asesora de Nelson Torres Yordán cuando fue alcalde de Guayanilla. Correa Ruiz dijo al CPI que desde el 2024 que vendió la empresa no tiene relación alguna con la compañía. Tras perder el cargo, en 2020, Torres Yordán prestó servicios a Universal Properties.

Se le pidió una reacción al presidente de Universal, pero Freyre Medina no contestó. En las declaraciones que envió al CPI, la empresa CRSG manifestó que desde 2023 —cuando se hizo el referido al Departamento de Justicia— Freyre Medina asumió el liderato de Universal Properties y la compañía siguió ofreciendo los servicios para no “afectar a los municipios”.

CRSG dijo que tiene el deber de dar continuidad a los casos de estorbos que manejó Universal Properties en los municipios en los que CRSG tiene contratos. Pero una demanda presentada por dos vecinos de Aibonito muestra un vínculo distinto. Universal Properties accedió a devolver el dinero de adquisición de estorbos públicos a estos dos compradores, a quienes nunca les transfirió las propiedades que adquirieron. La devolución del dinero retenido por Universal Properties se hizo con dos cheques emitidos por CRSG, que a esa fecha, 8 de agosto de 2025, no tenía contratos con el Municipio de Aibonito. Fue en septiembre que Aibonito firmó un contrato con esta compañía.

Justicia pasó por alto a CRSG en su pesquisa

El Departamento de Justicia señaló que su investigación reflejó que “la mayoría de los municipios involucrados cancelaron oportunamente los contratos [con las empresas administradoras de los estorbos]”. El CPI preguntó al DJ si su pesquisa incluyó las actividades y contratos de CRSG y sus vínculos con Universal. Justicia dijo que la pesquisa no incluyó a la empresa CRSG ya que los referidos no la incluían. Los referidos iniciales fueron hechos por los legisladores María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. Posteriormente, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y el de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, también pidieron a Justicia que la investigara.

El CPI constató los vínculos de ambas empresas al revisar el tracto judicial de los casos de estorbos públicos manejados por Universal Properties y con entrevistas a funcionarios, algo que bien pudo haber hecho Justicia.

En la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito se indica que CRSG demostró ser el o un alter ego o un sucesor en la administración de los contratos de Universal Properties, pero no se descorrió el velo corporativo para saber si en realidad operan como personas jurídicas independientes y separadas. En este caso, CRSG alegó que el Tribunal no tenía jurisdicción e invocó la cláusula de arbitraje que contenía el contrato entre la compradora y Universal Properties. El Tribunal determinó que el contrato no solo vinculaba a Universal Properties, que era el firmante original, sino también a CRSG como sucesor, cesionario o tercero beneficiado.

Un alter ego es cuando la nueva corporación fue creada solamente con el único propósito de crear un velo de protección, pero no persigue un propósito legítimo, dijo Romero Nieves. “La doctrina del alter ego plantea que el velo corporativo que se crea, en este caso por parte de CRSG, es realmente una farsa porque el propósito que persigue es evadir la responsabilidad de Universal”, explicó.

El profesor Romero Nieves explicó al CPI que “cuando hay una sucesión corporativa, es para lo bueno y para lo malo. También se asumen cargas y responsabilidades ante terceros”. De manera que cualquier persona tiene derecho a seguir sus reclamos en contra del sucesor o de ambas corporaciones si no se tiene conocimiento de cuál es la relación interna negociada.

No es la primera vez que se alega que Universal Properties tiene otras compañías que presuntamente le sirven de fachada para hacer negocios. Es un señalamiento que se le hace, por ejemplo, en una demanda que Echeandia Investment, Inc. y Colleagues Investment LLC presentaron contra AG Properties, Universal Properties y otros. Estas compañías demandaron porque en 2022 invirtieron $473,000 en la compra de nueve propiedades en Guayama que nunca les entregaron.

En el Tribunal de Primera Instancia en Guayama el mismo Freyre Medina, mediante su representante legal, admitió que es accionista de AG Properties y presidente de Universal Properties. Mientras Universal Properties manejaba los estorbos públicos de Guayama, AG Properties se encargaba de vender esos inmuebles expropiados, al menos a Echeandia Investment, Inc. y Colleagues Investment LLC.

¿Engañados los alcaldes?

El alcalde de Las Piedras, Miguel López Rivera, no renovó el contrato que tenía con Universal Properties cuando venció en junio de 2025. Sin embargo, reconoció al CPI que desde febrero de ese mismo año, el presidente de Universal Properties, Freyre Medina, le presta servicios al Municipio bajo CRSG, LLC.

“Ante el trabajo que había hecho Universal anteriormente con nosotros y ellos venir con la empresa que usted acaba de mencionar [CRSG], pues tomamos la decisión … de retomar entonces los trabajos de los estorbos públicos”, indicó el Alcalde. López Rivera dijo que fue el presidente de Universal Properties quien le recomendó que contratara los servicios de CRSG. “No me atrevería a entrar en algo que está en la mente de ellos, por qué ellos lo hicieron [crear otra compañía]. Yo vi que ya mi contrato terminaba y ellos habían establecido una nueva compañía”, añadió.

Para el Alcalde de Las Piedras, “mientras ellos [CRSG] hagan el trabajo como tiene que ser basado en la contratación y lo que nosotros le estamos exigiendo, yo no tengo problemas con que se llame Universal o se llame como se llame”.

El 11 de abril de 2023, el alcalde de Arroyo canceló el contrato que firmó en marzo de 2019 con Universal Properties. En la carta de cancelación, el Ejecutivo Municipal le imputó violentar “cláusulas contractuales, así como las disposiciones que regulan la contratación municipal y el manejo de los asuntos de trascendencia pública”. Le imputó violar el Código Municipal al no garantizar que las propiedades estuvieran disponibles para el público en general y así pudieran ser adquirirlas por cualquier persona interesada.

“Somos conscientes que Universal Properties ha incurrido en actos que pudieran constituir delitos de conformidad con el Código Penal de Puerto Rico. Ya son varias las reclamaciones de ciudadanos donde alegan fraude por parte de Universal Properties durante la ejecución del Contrato”, menciona la carta de cancelación, en la que además el Alcalde de Arroyo le reclama a la empresa no proveer al Municipio información que se le requirió.

Sin embargo, en abril de 2025, el Municipio contrató a CRSG para administrar el Programa de Control y Rehabilitación de los Estorbos Públicos, a pesar de que sabía que, al menos, el presidente de Universal Properties era el “contacto” de la compañía contratada para sustituir a Universal en la administración del Programa de Estorbos Públicos, como afirmó al CPI Pérez Fernández, encargado del Programa de Estorbos Públicos y coordinador de servicios de la Oficina del Alcalde.

“En muchos casos la compañía Universal trabajaba por cuenta propia y sin ninguna supervisión”, dijo Pérez Fernández.

A su juicio, aunque el manejo de los estorbos públicos sea coordinado por las mismas personas que antes, la diferencia estriba en que, para los servicios contratados desde abril de 2025, el Municipio tiene una oficina enlace entre el ayuntamiento y la compañía privada.

“Ahora todo el 100% tiene que pasar por mis manos”, dijo Pérez Fernández. “No le vamos a permitir que ellos hagan un contrato [de compraventa de estorbos]. Yo reviso todos los contratos, todas las ventas, yo cuestiono y pregunto”, aseguró.

Dijo que los empleados de CRSG se encargan de identificar las propiedades abandonadas, pero son los funcionarios del Municipio quienes visitan las comunidades y certifican que la propiedad cumple con los elementos necesarios para ser declarada estorbo e indagan con los vecinos para intentar dar con los dueños o sus familiares.

Según Pérez Fernández, la decisión de declarar una propiedad estorbo público y expropiar recae en un comité que lo compone él mismo, el portavoz de la mayoría PPD en la Legislatura Municipal, Amos Bachier Ayala, un representante de la comunidad y dos representantes de CRSG.

“Somos el único municipio que estamos trabajando con un comité. El comité decide si se va a dar más tiempo y hacer más gestiones para conseguir al dueño de la propiedad”, dijo Pérez Fernández.

A pesar de estos supuestos cambios, el Municipio de Arroyo no entregó al CPI el inventario de estorbos públicos, aunque se le pidió en varias ocasiones desde el 9 de septiembre de 2025. Además, la administración municipal incumple con el Código Municipal, que exige que el inventario de las propiedades se publique en la plataforma digital o red social del Municipio.

Lo que sí publicó el Municipio en octubre de 2025 fue un edicto para advertir a los dueños de nueve propiedades que serían declaradas estorbos públicos. En noviembre de 2025, fue la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) quien publicó en sus redes sociales el inventario de 949 propiedades identificadas como estorbos públicos en Arroyo, luego que ganó demanda de acceso a información.

También anunció en agosto pasado una actividad presencial en la que se presentaría el inventario de propiedades por parte de CRSG, pero pese a comentarios de los ciudadanos en la publicación solicitando que se publicara la lista de estorbos, el Municipio no lo hizo.

El 1 de septiembre del 2025, el alcalde de Aibonito, William Alicea Pérez, firmó un contrato con CRSG nombrándolo agente en el Programa de Control de Estorbos Públicos y autorizó a esa empresa a tramitar únicamente los procesos de expropiación, compraventa, e inscripción de 26 propiedades que ya tienen compradores.

Desde abril de 2025, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, también le delegó a CRSG la delimitación, planificación y elaboración del Programa de Control y Rehabilitación de los Estorbos Públicos, identificaciones o notificaciones, asesoría en cobro de multas, plan de adquisición, entre otras responsabilidades.

El Municipio de Aguadilla tampoco entregó al CPI su inventario de propiedades catalogadas estorbos públicos. En su página oficial, el Municipio señala que el portal de estorbos públicos estará “próximamente disponible”.

Así también en noviembre de 2025, el alcalde de Corozal, Luis Alberto García Rolón, contrató a CRSG para la administración del Programa de Control y Revitalización de Estorbos Públicos mediante un contrato similar al del Municipio de Aguadilla. Corozal tampoco tiene público su inventario de estorbos públicos. El CPI solicitó entrevistas con los alcaldes de Aguadilla, Corozal y Aibonito sin obtener respuestas.

Una investigación del CPI encontró que decenas de ciudadanos quedaron indefensos ante un patrón en el que alcaldes populares y novoprogresistas delegaron en estas empresas privadas el manejo y la venta de los estorbos públicos en sus municipios. La investigación demostró un esquema en el que las tasaciones de los inmuebles eran tan reducidas y los gastos de administración del estorbo tan altos que no quedaba nada para compensar justamente al dueño de la propiedad. Además, reveló la puesta en venta de supuestos estorbos que, en realidad, eran residencias habitadas por sus dueños y evidenció fallas en las notificaciones y transacciones en las que los compradores nunca pudieron convertirse en dueños de la propiedad por defectos en los procesos realizados por la empresa o el municipio.

Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.