Senado evalúa manejo de propiedades abandonadas y estorbos públicos 

Representantes de municipios, asociaciones de alcaldes y organizaciones especializadas comparecieron ante las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales para discutir el manejo de propiedades abandonadas, estorbos públicos y procesos de expropiación forzosa en Puerto Rico.

Ángel Morales, de la Federación de Alcaldes, resaltó la importancia de la iniciativa legislativa para mejorar la gestión municipal de estas propiedades.

Morales afirmó que “con la información que se recoja, las Comisiones pueden proponer cambios legislativos o acciones administrativas que ayuden a los municipios a gestionar mejor estas propiedades”. Sobre la ley vigente, indicó que “se queda coja” y mencionó que hay proyectos en trámite con enmiendas técnicas para atender las preocupaciones existentes.

Verónica Rodríguez, de la Asociación de Alcaldes, explicó que, según el Código Municipal, los municipios pueden proceder con acción judicial para declarar una propiedad como estorbo público y, posteriormente, venderla, cederla, donarla o arrendarla. Rodríguez señaló que apoyan la investigación legislativa, pero recomendó analizar la medida junto a proyectos de ley sobre el mismo tema.

“No tenemos reparos a la Resolución que se propone. Sin embargo, le sugerimos se analice junto a tres proyectos de ley que han sido radicados en la presente Asamblea Legislativa sobre el mismo tema de estorbos públicos y expropiación forzosa en los municipios. Estos son: PC 953, PC 996, PC 1000 y PC 1005”, dijo Rodríguez.

Edlyn Cabán Sosa, en representación del Municipio de Bayamón, presentó estadísticas sobre la gestión local de estorbos públicos. Explicó que desde 2020 se han atendido 2,068 querellas relacionadas con propiedades abandonadas, de las cuales 238 han sido declaradas estorbo público.

“No obstante, el inventario de estorbos públicos consta de 227, ya que 11 están excluidos por motivo de utilidad pública. Actualmente, 288 propiedades se encuentran en proceso de ser declaradas”, detalló.

Cabán destacó el uso de Fondos HOME y fondos ordinarios para la rehabilitación de estas propiedades y recomendó la centralización del servicio mediante una oficina especializada. Sobre la participación ciudadana, indicó que entre cinco a diez personas llaman diariamente solicitando el inventario de estorbos públicos y explicó el proceso de adquisición.

“La persona llama por una querella de estorbo público, ya sea a la oficina o alguna otra dependencia. Los inspectores entonces van a evaluar la propiedad. Si cualifica para ser un estorbo público, ahí comienza el proceso de notificación. Una vez ya la propiedad está declarada, se abre la lista para que las personas puedan anotarse si están interesadas entonces en adquirirla”, explicó.

El Centro para la Reconstrucción del Hábitat, representado por Luis Gallardo y la licenciada Alicia Díaz, advirtió que la implementación de leyes sobre estorbos públicos ha sido fragmentada e ineficiente.

Detallaron que “el 27 por ciento de los estorbos públicos no está registrado en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El 39 por ciento tiene deudas contributivas con un promedio de $30 mil dólares”.

Entre sus propuestas, recomendaron simplificar los procesos de expropiación sin afectar garantías constitucionales, clarificar notificaciones, priorizar el uso social de las propiedades recuperadas y fortalecer la capacitación judicial y administrativa.

Omar Figueroa Vázquez, del Departamento de la Vivienda, respaldó la investigación legislativa, señalando que se alinea con los Planes Estatales de Vivienda 2024-2030 y el Plan Consolidado de Vivienda 2025-2029. Resaltó que “aunque la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 del Código Municipal fortalecen el marco legal para la expropiación de estorbos públicos y la transparencia mediante inventarios municipales, su efectividad depende de una implementación uniforme, capacidad administrativa municipal y acceso a herramientas técnicas y financieras”.

Figueroa destacó el uso de fondos federales HOME y CDBG y mencionó que mediante el programa Vacant Property Analysis (VPA) “ya se han identificado más de 50,000 propiedades vacantes con potencial de rehabilitación”.

Carlos Jirau, del Consorcio del Sur (CONSUR), explicó que la falta de inventario y los altos costos de construcción dificultan la reconstrucción y relocalización. Sobre los fondos privados, mencionó que se atiende “first come, first serve”, priorizando a la comunidad interesada. Propuso mecanismos para agilizar la expropiación.

“Cómo podemos, mediante una ecuación donde todos ganemos, trabajar con los municipios de la mano para poder, por un lado, que se agilice el proceso de expropiación o de adquisición, creando estos fondos rotativos donde podamos seguir reinvirtiendo en la compra de estas propiedades, quizás cambiar la legislación en el término de que los municipios puedan adquirir una propiedad con mayor rapidez. Aunque el trámite de los tribunales pueda tomar más tiempo, porque sabemos que hay un derecho propietario”, señaló.